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English (United Kingdom) La minería ilegal de oro requiere una estrategia que combine represión en la fuente con control riguroso en la cadena de comercialización, especialmente en el primer eslabón formal.
Un estudio del Instituto Igarapé, aplicado a cinco países latinoamericanos incluido el Perú, destaca que el control efectivo del oro ilegal debe centrarse en los primeros compradores formales —como plantas de procesamiento y comercializadores registrados—, ya que son ellos quienes pueden otorgar apariencia de legalidad a un mineral de origen dudoso mediante documentación comercial.
Dato clave: El Perú registra miles de pequeños productores mineros dispersos en zonas de difícil fiscalización, mientras que el universo de compradores y procesadores formales es mucho más reducido y susceptible de supervisión.
Actualmente, el Estado prioriza la lucha contra los mineros ilegales en su lugar de extracción, pero descuida el lado de la demanda. El Registro de Comercializadores de Minerales (Repco), administrado por el Ministerio de Energía y Minas, no garantiza que el mineral comercializado provenga de fuentes legales. La mera inscripción o emisión de facturas no validan la procedencia del oro, lo que abre brechas para el lavado de minerales extraídos en condiciones ilícitas.
Contexto
Análisis: La discusión sobre la formalización minera en el Perú ha estado centrada históricamente en quiénes deben acceder al régimen Reinfo, sus plazos y requisitos, dejando de lado la responsabilidad de los actores que compran el mineral. Esta omisión permite que el oro ilegal ingrese al mercado formal con relativa facilidad, alimentando redes de corrupción, financiando actividades ilícitas y generando daños ambientales irreversibles. Además, la alta dependencia del efectivo en estas transacciones dificulta el rastreo y la trazabilidad, lo que exige modernizar los mecanismos de pago con alternativas digitales accesibles incluso para pequeños productores.
¿Qué sigue?
Se impone la necesidad de fortalecer la debida diligencia en los primeros compradores, exigir trazabilidad en cada transacción y consolidar sistemas interinstitucionales de verificación entre ministerios de Energía y Minas, Hacienda, Comercio Exterior y la Unidad de Inteligencia Financiera. También es urgente implementar registros de operaciones rechazadas para evitar que los vendedores de oro dudoso busquen compradores menos exigentes. Finalmente, reducir el uso del efectivo y promover pagos electrónicos no solo aportará transparencia, sino que protegerá a los pequeños mineros de la informalidad y el abuso.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.