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English (United Kingdom) El nuevo Comando Unificado de Lucha contra el Crimen (CULC), lanzado por el gobierno de Keiko Fujimori, replica estrategias fallidas anteriores y enfrenta desafíos críticos tras descubrirse una red de corrupción militar en Pataz vinculada a la minería ilegal.
El CULC, creado para combatir el crimen organizado con facultades expandidas y estados de emergencia renovados, hereda los límites de su antecesor —el Cuarto de Comando de Dina Boluarte—, que operó solo un mes sin detener la expansión de la extorsión. En Pataz, donde ya existe un CULC enfocado en minería ilegal, el Indicador de Delito Violento (IDCV) alcanzó 66,67 por cada 100.000 habitantes entre enero y agosto, con proyección de llegar a 100 al cierre del año, diez veces el promedio nacional. Recientemente, el FBI reveló la existencia de una red de militares y policías de élite que filtraban información estratégica a organizaciones criminales, recibiendo entre 10.000 y 30.000 dólares mensuales, lo que permitió a los delincuentes anticiparse a operativos y atacar a fuerzas del orden en zonas bajo emergencia.
Dato clave: El director de inteligencia del CULC Pataz, un comandante del Ejército, fue detenido por usar información reservada para extorsionar junto a la minería ilegal.
Este escándalo pone en evidencia la profunda corrupción institucional que debilita la lucha contra la delincuencia. A pesar de los esfuerzos operativos, los crímenes violentos no solo persisten en Pataz, sino también en otros territorios afectados por la minería ilegal, incluso en septiembre y octubre. La falta de un plan integral, la delegación excesiva de facultades sin controles efectivos y la ausencia de transparencia en la gestión de inteligencia minan la credibilidad del nuevo CULC. Como señaló Federico Salazar en su columna, no basta con equipamiento militar o escenografía; se requiere una estrategia clara, coordinada y con mecanismos de rendición de cuentas.
Contexto
La historia reciente muestra que los comandos unificados sin reformas estructurales y sin atacar la corrupción interna terminan siendo efímeros o ineficaces. El Cuarto de Comando de Boluarte, inspirado en el “situation room” estadounidense, generó expectativas pero no resultados duraderos. Ahora, Keiko Fujimori debe decidir si respaldará la investigación judicial independiente o protegerá a los agentes del Estado que delinquen, como sugiere su respaldo previo a la Ley Rospigliosi, que otorga inmunidad a militares y policías acusados de delitos comunes. La sociedad exige transparencia, no solo operativos mediáticos.
¿Qué sigue?
La presidenta debe actuar con celeridad y transparencia: respaldar las investigaciones del Ministerio Público, derogar o reformar la Ley Rospigliosi, y presentar un plan integral con metas medibles, no solo comunicados de prensa. Sin una respuesta firme contra la corrupción institucional, el CULC correrá la misma suerte que sus predecesores: un símbolo de promesas incumplidas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.