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English (United Kingdom) El proceso judicial contra Susana Villarán por delitos vinculados a coimas de Odebrecht avanza a un ritmo tan lento que podría concluir hasta 2027, generando preocupación por la impunidad en casos de corrupción de alto impacto.
La exalcaldesa de Lima fue procesada tras reconocer en mayo de 2019 haber recibido fondos ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para financiar su campaña de revocatoria, mientras ejercía su cargo y dichas empresas mantenían negocios pendientes con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente, el juicio oral se desarrolla con una o dos sesiones semanales, lo que proyecta una sentencia para septiembre de 2027; tras ello, los recursos legales podrían postergar aún más la resolución definitiva.
Dato clave: El proceso judicial lleva ya más de 10 años sin resolverse y, si Villarán cumple 80 años antes de la condena, podría aplicar la norma del 2024 que permite el cumplimiento de penas en domicilio.
La gravedad del caso radica en que los pagos se efectuaron en plena gestión de Villarán, cuando las empresas implicadas tenían intereses concretos ante la MML, lo que configura un conflicto de intereses y un delito de coima tipificado en la legislación peruana. A diferencia de otros casos de la Operación Lava Jato donde se observó mayor celeridad —como el de Pedro Pablo Kuczynski, cuyo impedimento de salida fue levantado recientemente—, el trámite contra la exalcalde se arrastra sin prisa, pese a contar con evidencia documental y una confesión directa. Esta demora alimenta el debate sobre la eficacia del sistema judicial frente a casos de corrupción política de alto perfil.
Contexto
Análisis: La lentitud del proceso no solo afecta la administración de justicia, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras otros exmandatarios han visto resueltos sus procesos en tiempos relativamente cortos, el caso de Villarán evidencia una disparidad preocupante en la tramitación de causas por corrupción. Organismos internacionales han criticado reiteradamente la impunidad estructural en Perú, y casos como este refuerzan esa percepción. La falta de celeridad también desincentiva la denuncia y la cooperación ciudadana, erosionando aún más el tejido democrático.
¿Qué sigue?
Las próximas sesiones del juicio oral definirán si se presentan pruebas adicionales o testimonios clave. Si se emite condena, los recursos de apelación y casación podrían extender el proceso hasta 2029 o más. En cualquier caso, la edad avanzada de Villarán y la entrada en vigencia de normas benéficas para adultos mayores ponen en jaque la efectividad de la sanción, reforzando la sensación de que la justicia penal peruana sigue siendo selectiva y tardía.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.