El ministro Guillermo Shinno presentó el proyecto de ley MAPE tras reorganizar el Minem y desmantelar áreas corruptas, pero genera preocupación por la posible extensión del Reinfo y la invasión de concesiones mineras.
El proyecto, enviado al Congreso tras meses de preparación, propone la creación de una nueva institución para regular la minería artesanal y pequeña escala, la eliminación del Reinfo y su reemplazo por un proceso de “consolidación” por dos años más. Shinno, nombrado recientemente y calificado como “hombre minero”, ha priorizado la simplificación trámite, la formalización y la limpieza interna del Ministerio de Energía y Minas antes de presentar la propuesta.
Dato clave: El 91% de los mineros informales ocupan concesiones de terceros, muchas de ellas invadidas durante años sin que los gobiernos anteriores hayan actuado.
La crítica central al proyecto radica en que, pese a su enfoque técnico —que incluye mejoras en trazabilidad y gestión ambiental—, no aborda el problema estructural: la invasión histórica de concesiones legales. Gremios informales y exfuncionarios insisten en que sin contratos de explotación firmados entre concesionarios y mineros informales no es posible avanzar en la formalización. Sin embargo, el verdadero obstáculo no es la falta de voluntad para firmar acuerdos, sino la ocupación ilegal de derechos mineros ajenos, fenómeno que los gobiernos pasados ignoraron por razones políticas.
Contexto
Análisis: El sector minero observa con cautela la iniciativa, temiendo que se repita la dinámica de ampliaciones sucesivas del Reinfo, que ya ha prolongado la informalidad por más de una década. Mientras el empresariado valora los pasos de Shinno para reorganizar el Minem y destituir a funcionarios vinculados a corrupción, cuestiona si el proyecto realmente busca resolver la informalidad o consolidarla bajo nuevas figuras legales. La tensión crece entre quienes exigen respeto a los derechos de concesión y quienes piden soluciones urgentes para miles de trabajadores que operan en la ilegalidad.
¿Qué sigue?
El proyecto ingresará al Congreso para su debate en comisiones, donde se espera una fuerte discusión sobre la titularidad de las concesiones y la definición de mecanismos efectivos para la formalización. Si no se incluyen mecanismos claros para revertir las invasiones y proteger los derechos de los concesionarios, la iniciativa podría fracasar en su objetivo principal: erradicar la informalidad minera.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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