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English (United Kingdom) Tras 24 años de descentralización, los gobiernos locales ejecutan apenas el 55% de su presupuesto de inversión, pese a manejar S/87.000 millones anuales, y acumulan deudas insostenibles, especialmente en Lima Metropolitana.
Los gobiernos regionales y locales administran el 36% del presupuesto público nacional —unos S/87.000 millones anuales—, pero su ejecución de inversión ronda el 55% en promedio. A ello se suma una deuda municipal total de S/9.597 millones al cierre de 2025, de los cuales S/5.188 millones corresponden a la Municipalidad de Lima, concentrando el 54% del total nacional. De esta suma, S/4.000 millones provienen de tres emisiones de bonos internacionales realizadas entre 2023 y 2025, con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes del 380%, casi cuatro veces el límite legal del 100%. A partir de 2027, el servicio de esa deuda consumirá S/440 millones anuales, cifra equivalente al total de su inversión reciente.
Dato clave: En regiones rurales, la autonomía fiscal es del 16%, con transferencias que suponen el 75% del presupuesto, y el canon y regalías representan más del 50% de sus ingresos.
El problema no radica solo en la escasez de recursos, sino en una normativa fiscal única aplicada a realidades muy distintas: Lima Metropolitana recauda el 48% de sus ingresos por sí misma, las ciudades intermedias el 31%, y el Perú rural apenas el 16%. En zonas rurales, cobrar o no cobrar el impuesto predial casi no afecta el presupuesto, no por inacción, sino por una estructura aritmética que limita la recaudación. Además, 26 municipalidades incumplen la regla de deuda desde 2017, acumulando morosidad previsional con la ONP, AFP y Essalud, y algunos distritos pequeños presentan deudas per cápita superiores a S/8.000.
Contexto
La descentralización fiscal ha avanzado en estructura, pero no en resultados. Tras más de dos décadas, persisten brechas críticas en servicios básicos: distritos con recursos no ejecutados siguen sin agua potable ni saneamiento. La falta de diferenciación normativa impide que las políticas se adapten a las realidades geográficas y económicas del país. Agenda 2026 Regional, iniciativa de la Universidad del Pacífico, destaca que tratar con un mismo remedio tres enfermedades distintas —la sobredotación de deuda en Lima, la morosidad estructural en municipalidades regionales y la fragilidad fiscal en el ámbito rural— solo profundizará la crisis.
¿Qué sigue?
Se requiere una reforma fiscal diferenciada: para el ámbito rural, tributación proporcional a la productividad con exenciones para pequeños productores, administración mancomunada y un Foncomun que contemple los altos costos de atención en zonas dispersas. Para las ciudades, catastro modernizado, revaluación obligatoria y mecanismos de captura de plusvalías. El desafío es urgente: sin ajustes estructurales, el compromiso de S/440 millones anuales para el servicio de deuda de Lima comprometerá su capacidad de inversión por más de una década.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.