Lima gris y endeudada

La Municipalidad de Lima contrajo deuda por S/4.000 millones sin ejecutar obras, comprometiendo el 61% de sus ingresos y generando déficits que superarán los S/500 millones anuales a partir de 2028.

Según el Consejo Fiscal, entre 2023 y 2025 la gestión de Rafael López Aliaga emitió bonos por S/4.000 millones a tasas cercanas al 10% anual, elevando la deuda a S/5.045 millones —casi 3,5 veces el límite fiscal— y proyectándose hasta S/5.400 millones según el Instituto Peruano de Economía. Como garantía, se entregó a un fideicomiso el predial, la alcabala, el Impuesto Vehicular, Foncomún y los tragamonedas, representando el 61% de los ingresos municipales. A julio de 2026, los proyectos financiados con estos bonos apenas alcanzaban un avance financiero del 24,6%, mientras 33 seguían sin ejecutar nada físicamente.

El problema radica en la ineficaz conversión de deuda en infraestructura: con S/2.455 millones recaudados en 2024, la inversión real fue de apenas S/497 millones —cerca del promedio histórico—, mientras S/494 millones se transfirieron a la OIM para ejecutar obras que la propia municipalidad no ejecuta. Además, los intereses seguirán escalando: entre 2028 y 2035 superarán los S/500 millones anuales, más de lo que la ciudad invierte en infraestructura en un año promedio. A esto se suman S/993 millones en laudos firmes y S/4.907 millones en litigios pendientes. Aunque la MML está exenta de la regla fiscal por sus calificaciones locales (nivel A+), estas no reflejan el riesgo real de ejecución, y su financiamiento se logró con apoyo del Congreso que le transfirió IGV y Foncomún, desviando recursos del fisco central y afectando al resto del país.

Contexto

La situación evidencia una dinámica preocupante: la deuda se usó más para generar narrativas electorales y anuncios mediáticos que para ejecutar obras. Aunque el alcalde obtiene visibilidad al cortar la cinta de la emisión, el vecino paga con impuestos ya comprometidos —como el predial— sin garantía de beneficios concretos. El déficit fiscal proyectado por el Consejo Fiscal alcanza los S/2.609 millones hasta 2035; sin la ayuda legislativa, se extendería hasta 2045. Esto refleja una falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal, con consecuencias que recaerán en futuras administraciones y contribuirá a profundizar desigualdades regionales.

¿Qué sigue?

Las próximas administraciones heredarán un legado de deuda insostenible y obras inconclusas, con pagos anuales que superarán los S/500 millones en servicio de deuda. Será crucial una reestructuración urgente, una auditoría integral de los contratos y una reforma que restablezca la regla fiscal para gobiernos locales. Sin acciones contundentes, Lima seguirá endeudándose para anunciar, no para construir.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.