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English (United Kingdom) Tras las polémicas elecciones municipales de Lima, el autor cuestiona el apoyo a Rafael López Aliaga, destacando irregularidades procesales, fracasos en su gestión anterior y declaraciones discriminatorias.
En el ensayo “Lima la horrible” (1964), Sebastián Salazar Bondy denunció la crisis urbana de la capital; hoy, ante la posible reelección de López Aliaga, se propone llamarla “Lima la masoquista” por la contradicción entre los hechos y el respaldo recibido. El candidato, quien debió asumir su cargo como senador tras su elección en 2020, habría vulnerado la Constitución al postularse a la alcaldía, mientras el vocal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Richard Córdova, renunció tras amenazas públicas de violencia física y sexual por parte del propio López Aliaga.
Dato clave: La Municipalidad de Lima ya pagó S/99.7 millones a abogados contratados para defensas jurídicas en cuatro casos de arbitraje internacional que perdió por decisiones de su gestión, y se estima un nuevo pago de S/1,509 millones.
Su primera gestión como alcalde (2019–2022) quedó marcada por decisiones improvisadas: la construcción del “Zanjón de la Espinosa” sin cruces peatonales ni vehiculares, lo que generó una muerte y varios heridos; la eliminación de peajes en la Panamericana sin estudios técnicos previos, lo que obligó al municipio a asumir sus costos de mantenimiento; y múltiples conflictos legales contra entidades privadas, con sentencias adversas que comprometen el presupuesto municipal. Además, sus declaraciones homofóbicas hacia su rival, incluyendo frases como “esta bebita tiene que morir acá”, generaron alarma por su potencial impacto en la normalización de la violencia.
Contexto
La encuesta Ipsos más reciente revela que el 54% de los electores del nivel socioeconómico A —segmento con mayor acceso a información y educación— respaldaría a López Aliaga, a pesar de la documentada mala gestión, las irregularidades legales y su discurso de odio. Esta paradoja pone en evidencia una crisis de valores cívicos y una normalización de la violencia verbal y simbólica en el espacio público. La renuncia de Córdova al JNE, bajo presión pública y amenazas directas, evidencia también una debilitación institucional que amenaza el estado de derecho.
¿Qué sigue?
El Tribunal Supremo Electoral debe resolver la denuncia constitucional contra la candidatura, mientras la Fiscalía evalúa posibles investigaciones por amenazas y abuso de poder. Independientemente del resultado del 2 de junio, el caso exige una reflexión profunda sobre los límites del liderazgo autoritario y el papel de los medios y las élites en la legitimación de figuras peligrosas. Lima no puede seguir eligiendo su propia degradación bajo la lógica del masoquismo político.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.