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English (United Kingdom) La tasa de homicidios en Pataz (La Libertad) alcanza 315 por cada 100.000 habitantes, el doble que en Ananea (Puno), y refleja la insuficiencia de las medidas represivas frente a la violencia ligada a minería e ilegalidades.
Entre septiembre de 2025 y agosto de este año, Pataz registró la tasa más alta de homicidios del país con 315 asesinatos por cada 100.000 habitantes, más del doble que Ananea, que registra 145. Ambos distritos, así como Inambari, Laberinto, Unión Asháninka, Zarumilla y Papayal, se encuentran en zonas donde operan organizaciones criminales vinculadas a la minería informal o al narcotráfico.
Dato clave: La emergencia en Pataz lleva más de dos años vigente, pero los homicidios no solo persisten, sino que continúan en alza, evidenciando la limitación de las respuestas únicamente militarizadas.
La estrategia estatal ha priorizado el despliegue de Fuerzas Armadas en zonas de crisis mediante estados de emergencia, como ocurre en Pataz desde hace más de 24 meses. Sin embargo, expertos advierten que la efectividad de estas medidas queda truncada por la posible infiltración de actores delictivos en las propias instituciones locales y por la ausencia de una respuesta integral que incluya investigación financiera y policial profunda. Iván Arenas, especialista en economías ilegales, señala que la permeabilidad institucional debilita seriamente la lucha contra la delincuencia. Por su parte, César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, insiste en que las autoridades deben ir más allá de las operaciones en zonas de extracción y rastrear los circuitos de lavado y comercialización del oro ilegal.
Contexto
Análisis: La persistencia de la violencia en regiones marcadas por la ausencia del Estado y la presencia de redes criminales exige una respuesta que combine seguridad con gobernabilidad y desarrollo. La oposición en el Congreso ha exigido resultados inmediatos al nuevo gobierno, aunque los especialistas reconocen que los plazos para evaluar políticas de largo plazo aún son prematuros. Lo urgente es evitar que la crisis se normalice y que la percepción de impunidad se consolide en territorios donde la confianza en las instituciones es mínima.
¿Qué sigue?
En los próximos meses, el Ejecutivo deberá demostrar avances tangibles en la desarticulación de redes criminales y en la recuperación de la confianza ciudadana. La clave estará en coordinar esfuerzos entre seguridad, justicia y desarrollo territorial, evitando soluciones puntuales que no aborden las causas estructurales. Si no se pasa de lo necesario a lo suficiente, la violencia seguirá erosionando el tejido social en estas regiones.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.