Perú: el Estado en crisis

El Perú es el tercer país más descontento con el Estado en América Latina, con tasas de aprobación por debajo del 25% en servicios públicos clave y una desconfianza del 89% en el uso de los recursos públicos.

Según el informe Latinobarómetro de mayo-junio de 2026, que encuestó a 20.000 personas en 18 países, el Perú registra niveles alarmantes de insatisfacción institucional: solo 10% aprueba al sistema judicial, 13% a la policía, 16% a los hospitales públicos y 22% a la educación pública. Además, somos el país con mayor escepticismo sobre la gestión fiscal: 89% de los ciudadanos no confía en que los impuestos se usen adecuadamente, y apenas 18% percibe avances en la lucha contra la corrupción, frente al promedio regional del 34%.

Esta crisis institucional no solo limita la prestación de servicios básicos, sino que afecta la capacidad del Estado para enfrentar desafíos estructurales como la criminalidad organizada, que ha logrado infiltrarse en diversos niveles del aparato estatal. Frente a ello, los expertos advierten que las respuestas puntuales o la militarización de la seguridad no son soluciones eficaces; más bien, se requiere una estrategia integral centrada en la captura del Estado por parte del crimen y en su desmantelamiento desde dentro. Esto exige reformas profundas, como una profesionalización real de las fuerzas de seguridad y una redefinición de los mecanismos de rendición de cuentas.

Contexto

Análisis: La desconfianza ciudadana no es solo un síntoma, sino un factor que erosionar la cohesión social y la legitimidad democrática. Aunque el Estado peruano ha sido históricamente un pilar en la construcción de la identidad nacional, su debilidad estructural —evidenciada en la baja eficacia institucional y la persistente corrupción— amenaza la autonomía nacional y la capacidad del país para desarrollarse con equidad. La sociedad, cada vez más fragmentada, pierde confianza en las instituciones como garantes de justicia y progreso, lo que abre espacio a soluciones extralegales o populistas.

¿Qué sigue?

El gobierno debe priorizar una agenda de fortalecimiento institucional que vaya más allá de las medidas de corto plazo: reformar la policía, modernizar la justicia con independencia real y transparencia operativa, y consolidar mecanismos efectivos de control a la corrupción. Sin una recuperación de la confianza en el Estado, cualquier política pública correrá el riesgo de ser ignorada o cuestionada. La prioridad no es solo gobernar, sino reconstruir.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.