¿Qué es ‘orden’?

Un caso de abuso sexual en colegio militar revela cómo jerarquías informales y la debilidad estatal normalizan la violencia y la impunidad en instituciones clave de la sociedad peruana.

En una institución educativa secundaria pública adscrita a una estructura castrense, un grupo de estudiantes menores de edad cometió abusos sexuales contra un compañero con conocimiento y pasividad de docentes y autoridades del plantel. Aunque no se precisaron nombres ni fechas concretas, el suceso se inscribe en un patrón más amplio de impunidad estructural donde los hijos de oficiales de alto rango ejercen poder sobre sus pares de menor estatus socioeconómico, con el silencio cómplice de quienes deberían velar por la integridad institucional.

Este caso no es aislado, sino una manifestación local de una crisis sistémica: la ausencia del Estado como garante del orden democrático. Cuando el aparato estatal no logra imponer sus normas —por debilidad histórica, falta de presencia territorial o corrupción— surgen espacios de autoridad paralela. Instituciones como las fuerzas armadas, la Iglesia o incluso redes criminales llenan ese vacío con sus propios códigos, donde el rango, el linaje o la fuerza reemplazan a la ley. Esta dinámica tiene raíces coloniales y republicanas: desde las haciendas que funcionaban como microestados hasta las mafias que hoy exigen “pagos” por permisos o rutas comerciales. Lo que se observa no es solo una falla administrativa, sino una descomposición del pacto social que sustenta la convivencia en democracia.

Contexto

El fenómeno se entrelaza con la normalización de prácticas informales en múltiples ámbitos: desde la extorsión a pequeños empresarios hasta la minería ilegal que avanza en zonas donde el Estado no llega. Estas conductas se vuelven aceptables porque se perciben como alternativas viables ante la ineficacia institucional. En el ámbito educativo, esto se traduce en una cultura de sumisión que reproduce desigualdades de clase, etnia y género. Las reacciones oficiales suelen ser tardías y simbólicas, reforzando la percepción de que ciertos actores están por encima de las reglas, lo que erosionan la confianza ciudadana y fomentan la desobediencia colectiva.

¿Qué sigue?

Es urgente fortalecer los mecanismos de fiscalización interna en instituciones educativas con vínculo castrense, así como implementar programas de formación en derechos humanos y convivencia democrática. Sin una voluntad política clara y una presencia estatal efectiva, cualquier medida paliativa será insuficiente. El desafío no es solo sancionar un caso, sino desmantelar una lógica que, desde hace siglos, ha priorizado el orden vertical sobre la justicia horizontal.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.