Qué nos está pasando

La violencia sexual contra menores y mujeres se ha profundizado en el Perú, con más de 27 mil reclusos por delitos sexuales, pero el sistema de justicia y las autoridades no responden con medidas efectivas de protección y sanción.

Según datos del INPE de marzo de este año, la población carcelaria total asciende a 105.156 personas, de las cuales el 94,7% son hombres. El segundo delito que más detenidos genera, tras el robo agravado, es la violación sexual de menores, con 12.331 personas privadas de libertad; casi la mitad de ellos aún sin sentencia firme. A este se suman otros delitos de naturaleza sexual: violación a adultos (4.009), actos contra el pudor de menores de 14 años (2.899), tocamientos (2.333), agresiones con connotación sexual (2.899), violación en estado de inconsciencia (1.069), violencia familiar (980), feminicidio (962) y trata de personas (345).

La impunidad estructural y la falta de voluntad política obstaculizan una respuesta integral. Los espacios donde viven, estudian o trabajan mujeres y niños —escuelas, transporte, centros laborales y hogares— se han convertido en escenarios frecuentes de agresión, ya que los autores actúan con seguridad gracias a la sensación de impunidad que generan redes de complicidad institucional. El sistema judicial, por su parte, no garantiza la protección de las víctimas ni la eficacia procesal: las denuncias se archivan con frecuencia, las denunciantes son revictimizadas y, en muchos casos, desistieron del proceso tras ser amedrentadas.

Contexto

Análisis: La ausencia de políticas públicas coordinadas y de reformas estructurales en el sistema de justicia evidencia una priorización de intereses partidarios por encima de la protección de derechos fundamentales. A pesar de los casos mediáticos y las alertas de organizaciones de la sociedad civil, no se observa una voluntad real de reformar las instituciones encargadas de investigar, sancionar y prevenir la violencia sexual. La falta de capacitación, la lentitud procesal y la estigmatización de las víctimas refuerzan un ciclo de impunidad que normaliza la violencia.

¿Qué sigue?

Es urgente implementar mecanismos efectivos de protección para denunciantes, reforzar la capacidad técnica de fiscales y jueces especializados, y limpiar los cuerpos policiales y judiciales de funcionarios vinculados a actos de abuso o encubrimiento. Sin una respuesta contundente del Estado, la confianza institucional seguirá erosionándose y las víctimas seguirán siendo silenciadas.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.