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English (United Kingdom) Un tenso enfrentamiento entre ministros y senadores, con gritos y gestos agresivos, pone en evidencia la deterioración del debate legislativo y el riesgo de que el gobierno priorice el espectáculo sobre los resultados concretos en seguridad.
El incidente ocurrió el sábado 11 de octubre de 2026 durante una sesión del Congreso, cuando el ministro del Interior, participante del altercado, y el primer ministro Luis Galarreta se vieron envueltos en una discusión acalorada con al menos cinco senadores, entre ellos Íber Maraví. El conflicto surgió tras una acusación de la senadora respecto a la supuesta renuencia del ministro a impulsar una reforma policial, aunque el tema central de la reunión —la delegación de facultades— quedó en segundo plano.
Dato clave: El presidente Pedro Castillo no asistió, pero el lunes 12 de octubre respondió con una frase quijotesca y una mención al “gobierno del orden”, tras haber advertido previamente en Ica sobre el agotamiento de su paciencia.
El episodio se inscribe en una dinámica creciente de confrontación simbólica, donde el Ejecutivo busca reforzar su imagen dura ante la inseguridad. La referencia a la evolución del “tap tap” hacia una postura de “orden”, señalada por la analista Camila Bozzo el 13 de octubre, refleja este giro retórico. En este contexto, figuras como Maraví —con su historial de intervenciones agresivas— cobran relevancia como contrapunto útil para el oficialismo, aunque su presencia polariza aún más el clima político.
Contexto
Análisis: La caída en la calidad del debate no solo distrae de temas técnicos clave, como la delegación de facultades para modernizar el sistema policial, sino que alimenta una narrativa de enemigos internos que desvía responsabilidades. Mientras la sociedad exige soluciones tangibles a la delincuencia, la escena del Congreso refleja una parálisis institucional que prioriza la imagen sobre la gestión. Como señaló Carlos Meléndez en su columna del 4 de octubre, abordar la seguridad requiere más sociología que marketing político.
¿Qué sigue?
La presión por mostrar avances en seguridad podría intensificar medidas simbólicas en lugar de reformas estructurales. Si el gobierno insiste en este camino, corre el riesgo de erosionar aún más la credibilidad institucional y alejar el consenso necesario para legislar en temas críticos. Lo urgente es recuperar el terreno perdido en el debate sustantivo antes de que la retórica agresiva se vuelva cotidiana.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.