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English (United Kingdom) La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados analizará este lunes 19 de octubre tres denuncias disciplinarias contra legisladores por supuestas faltas graves, incluyendo filtración de datos médicos y agresiones contra una expareja.
La quinta sesión no ordinaria del organismo se llevará a cabo a las 16:00 horas en la sala Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo, bajo la presidencia de Henry Albañil (Partido Cívico Obras). Se evaluarán denuncias contra Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), quien presuntamente difundió en redes oficiales documentos con información confidencial de una paciente del hospital de Abancay; Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), al que se acusa de haber cometido violencia física y psicológica contra su expareja, hecho que derivó en su detención en flagrancia el 30 de julio; y Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú, cuyo caso también será calificado por la comisión.
Dato clave: El procedimiento disciplinario en contra de Pérez Mallqui transcurre paralelamente a una investigación penal abierta por el Ministerio Público por los mismos hechos de agresión.
La comisión emitirá informes de calificación sobre las tres denuncias, los cuales podrían derivar en sanciones éticas como censura, suspensión o expulsión del Congreso, según la gravedad de las faltas constatadas. En el caso de Pérez Mallqui, su detención en flagrancia apenas días después de asumir su cargo generó fuerte impacto mediático y presiones para que rendira cuenta ante la Comisión de Ética, lo que retrasó la agenda legislativa en su momento. Estas denuncias reflejan una creciente preocupación por la transparencia, el respeto a la privacidad y la integridad de los funcionarios públicos, especialmente tras una serie de escándalos recientes que han afectado la imagen del Legislativo.
Contexto
Este es el segundo caso de violencia de género contra una parlamentaria o expareja que enfrenta el Congreso en lo que va del año, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención. Organismos internacionales y colectivos feministas han reiterado su llamado a que las instituciones garanticen justicia sin impunidad. Mientras, la bancada de Juntos por el Perú ha mostrado divisiones internas frente a los casos, con voces que exigen transparencia y otras que piden respeto al debido proceso.
¿Qué sigue?
Tras la sesión del lunes, los informes serán sometidos a votación en sesión plenaria, donde se definirá si se aplican sanciones o se archivan las denuncias. Si se confirman las faltas, los parlamentarios podrían enfrentar restricciones a sus derechos parlamentarios, además de las consecuencias legales derivadas de las investigaciones penales en curso. La opinión pública y la prensa seguirán de cerca los resultados, especialmente en un contexto de baja confianza institucional.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.