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English (United Kingdom) Francis Allison, candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, exige una segunda vuelta electoral si ningún postulante supera el 30% de los votos, argumentando que la provincia de Lima tiene competencias regionales y debe seguir el mismo criterio que las elecciones departamentales.
El también alcalde de Magdalena de los Muros destacó que, ante la proximidad entre los dos primeros lugares —Renovación Popular con 27.71% y Avanza País con 26.83% según datos oficiales al 92.9% de actas contabilizadas—, sería insostenible que un candidato asuma el cargo con una mayoría relativa tan reducida, especialmente si su apoyo se mantuviera por debajo del umbral propuesto. Allison insistió en que, por ley, la Municipalidad de Lima ejerce funciones propias de un gobierno regional, como salud y educación, y por tanto merece el mismo régimen electoral aplicado a las GORE.
Dato clave: Según la ONPE, al 92.9% de actas procesadas, Renovación Popular lidera con 27.71% y Avanza País sigue con 26.83%, mientras Allison exige una segunda vuelta si ninguno supera el 30%.
La propuesta de Allison se enmarca en una discusión más amplia sobre la gobernabilidad y legitimidad democrática en la capital del país. Al señalar que una victoria como la de Rafael López Aliaga con una mayoría absoluta en 2018 —aunque no mencionó cifras exactas— no sería saludable, subrayó que Lima, con más de 9 millones de habitantes, es la única provincia con funciones regionales y debe ajustarse a estándares de representatividad superiores. Además, recordó que, por su escala y competencias, no debería aplicarse la misma regla que en distritos o provincias menores.
Contexto
Análisis: La propuesta de Allison responde a la tensión electoral generada por la alta fragmentación de la oposición y el riesgo de una victoria con bajo respaldo popular. Expertos constitucionalistas señalan que la ley actual no exige segunda vuelta para alcaldías provinciales, pero su implementación en Lima podría abrir un debate institucional sobre la equidad y la gobernabilidad. La iniciativa también busca consolidar una postura reformista dentro del espacio opositor, alineándose con modelos electorales de otros países latinoamericanos.
¿Qué sigue?
La Comisión de Ética y Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNE) analizará la propuesta antes de las elecciones de 2026, aunque no hay plazos definidos para una decisión. Mientras tanto, partidos como Avanza País y Renovación Popular intensificarán sus campañas para asegurar el primer lugar y evitar una segunda vuelta. La sociedad civil y académicos observan con atención si esta iniciativa logra apoyo parlamentario para una futura modificación legislativa.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.