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English (United Kingdom) La presidenta Keiko Fujimori anunció la ampliación del penal El Milagro en Trujillo y el inicio de una estrategia nacional de recuperación penitenciaria, tras inspeccionar el recinto y confirmar una ocupación de más de 6,000 internos contra una capacidad de 1,500.
Tras una inspección en el establecimiento penitenciario de La Libertad, la mandataria detalló que se construirán entre tres y cuatro nuevos pabellones en el corto plazo para aliviar el severo hacinamiento, mientras se reemplazarán máquinas de seguridad inoperativas desde hace tres años. Fujimori confirmó también la designación de un nuevo jefe del INPE y un director específico para El Milagro, y destacó que las visitas al recinto se redujeron 50% desde la llegada de las Fuerzas Armadas. Paralelamente, el Gobierno desplegó 890 efectivos especializados en La Libertad, incluyendo 250 trasladados desde Lima, y reforzó la seguridad en cinco penales de alta peligrosidad tras declarar el estado de emergencia el 5 de septiembre.
Dato clave: El penal El Milagro opera con más de 6,000 internos, cuando su capacidad máxima es de 1,500, lo que implica un hacinamiento superior al 300%.
Esta intervención se inscribe en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, que incluye la modernización de infraestructura penitenciaria, la implementación de talleres productivos para reinsertar a los internos y la creación de un Comando Unificado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, inspirado en el modelo que se aplicó contra el terrorismo. La medida de emergencia de 60 días en cinco penales —Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y El Milagro— permite la intervención directa de personal militar en la seguridad interior y perimetral, así como la reestructuración de los protocolos de control.
Contexto
El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis estructural: según datos oficiales, la capacidad instalada es de aproximadamente 42,000 plazas, pero la población carcelaria supera los 80,000 reclusos. El hacinamiento promedio nacional supera el 90%, y en algunos recintos llega a niveles críticos como el de El Milagro. La situación ha sido denunciada reiteradamente por organismos internacionales, incluyendo la CIDH, por riesgos a los derechos humanos. La intervención actual se enmarca también en los compromisos electorales de la actual administración y en la presión social tras episodios de violencia recientes en establecimientos penitenciarios.
¿Qué sigue?
El Ejecutivo evaluará extender el estado de emergencia a otros penales si los resultados en los cinco inicialmente afectados son positivos, y avanzará en la construcción de nuevas unidades penitenciarias en regiones críticas. Paralelamente, se fortalecerá el Comando Unificado y se impulsará una reforma legislativa para modernizar la gestión del INPE, con énfasis en transparencia y control interno. La población civil y el sector privado serán convocados a participar en programas de reinserción social.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.