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English (United Kingdom) EE.UU. impulsa el «Escudo de las Américas» bajo una agenda económica amplia que va más allá de la seguridad, generando preocupación por su impacto en la soberanía nacional de los países latinoamericanos.
Según una nota del Departamento de Estado de EE.UU. emitida el 22 de setiembre, la iniciativa —presentada originalmente como mecanismo para combatir el crimen organizado transnacional— ahora se estructura en tres pilares: económico, de seguridad y coordinación multilateral. Entre sus compromisos más cuestionados figuran el establecimiento de mecanismos para controlar inversiones extranjeras, garantizar cadenas de suministro de minerales críticos y definir «proveedores de confianza» para infraestructura digital.
Dato clave: La iniciativa, anunciada bajo la premisa de luchar contra el narcotráfico, ahora incluye una agenda económica con implicancias profundas en la regulación de capitales extranjeros y la soberanía industrial.
La expansión del alcance del «Escudo» ha generado interrogantes sobre su verdadero propósito y sus efectos en las políticas internas de los países participantes. Analistas advierten que los términos como «defensa de las economías» o «soberanía económica» podrían usarse para justificar intervenciones que limiten la autonomía en decisiones de inversión, especialmente frente a actores como China. Además, la inclusión de temas digitales y minerales estratégicos sugiere una intención de alinear las cadenas tecnológicas y extractivas de la región con los intereses estadounidenses.
Contexto
Este movimiento se inscribe en la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU., formulada a fines de 2025, que prioriza la contención de influencias «no alineadas» en América Latina y el Caribe. Paralelamente, declaraciones de figuras como la congresora Keiko Fujimori —quien, en la ONU, afirmó que Perú está «en guerra contra el crimen organizado»— refuerzan una narrativa que justifica medidas de mayor intervención estatal y, potencialmente, militarización del conflicto, pese a los fracasos históricos de enfoques similares desde los años 70.
¿Qué sigue?
Se prevé que los países signatarios inicien mesas técnicas para definir los protocolos de cooperación económica, lo que podría desencadenar tensiones internas entre gobiernos y sectores productivos. La falta de transparencia en los criterios de «confianza» para inversiones e infraestructura digital plantea riesgos de sesgo político y discriminación comercial. Ante este escenario, los parlamentos latinoamericanos deberán ejercer una fiscalización rigurosa para preservar sus marcos normativos y evitar subordinación unilateral.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.