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English (United Kingdom) La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados autorizó una investigación contra la legisladora Milagros Santana por presuntas amenazas a periodistas y uso indebido de su condición parlamentaria.
El organismo aprobó por unanimidad (5 votos a favor) el informe de calificación que da inicio a la etapa investigatoria, tras una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). El caso se origina en un incidente ocurrido el 15 de setiembre en Huaral, donde Santana Vera habría estacionado su vehículo en zona de tránsito prohibido y, tras un altercado con una inspectora municipal, presuntamente le dijo que perdería su empleo por su investidura. Posteriormente, la diputada envió requerimientos notariales con amenazas de acciones legales a comunicadores locales.
Dato clave: La comisión aprobó también dos denuncias de oficio contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos de Juntos por el Perú, relacionadas con presuntos abusos de poder y violencia de género.
En el marco de la sesión del lunes 28 de setiembre, la comisión inició la audiencia contra Pérez Mallqui, quien enfrenta una investigación fiscal por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. La sesión fue declarada reservada a solicitud del presidente Henry Albañil Carmona, con el fin de proteger la integridad de la expareja y evitar su revictimización. Por su parte, Palomino Casavilca es investigada por presuntos gastos simulados en viajes a Huancavelica entre el 24 y el 28 de agosto, así como por supuestos recortes salariales a su personal para decorar su oficina.
Contexto
Esta investigación se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Legislativo y los medios de comunicación, tras denuncias recurrentes de intimidación a periodistas por parte de parlamentarios. La ANP ha reiterado su preocupación por el uso de herramientas legales para silenciar la prensa, lo que vulnera principios constitucionales de libertad de expresión. El caso de Santana se suma a otros similares en los últimos meses, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ético en el Congreso.
¿Qué sigue?
La diputada tendrá 10 días hábiles para presentar su defensa escrita ante la comisión. Tras ello, se programará una audiencia pública donde se escucharán testigos y se evaluarán las pruebas. Si se confirma la violación de las normas de ética, podría aplicarse una sanción que va desde una amonestación pública hasta la destitución del cargo. El proceso se desarrollará en parallel con cualquier acción penal que corresponda a la Fiscalía.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.