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English (United Kingdom) La Comisión de Ética Parlamentaria recomienda suspender al diputado Julián Pérez Mallqui por 120 días tras confirmar agresiones físicas y emocionales contra su expareja en julio de 2026.
El legislador de Juntos por el Perú enfrenta una propuesta de sanción máxima tras la conclusión del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, que lo acusa de haber sido detenido en flagrancia el 30 de julio de 2026 por presuntas agresiones en una comisaría de San Miguel. La medida, que incluye la suspensión y el descuento de haberes, será debatida este lunes por el grupo de trabajo liderado por Henry Albañil (Partido Cívico Obras).
Dato clave: La fiscalía registra una investigación activa por presunto delito de agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar, tras hallar lesiones traumáticas recientes en su expareja, según el Certificado Legal N.°039118-VFL.
El informe técnico sostiene que la conducta del parlamentario vulneró gravemente la imagen institucional del Congreso y contravino los deberes éticos inherentes a su cargo. Pérez Mallqui, quien juramentó poco antes de ser detenido, presentó un recurso ante el Poder Judicial para impugnar el certificado médico legista, argumentando su ilegalidad. No obstante, el documento oficial detalla moretones en el codo, antebrazo y pierna derechos, así como marcas de presión digital, lo que respalda las denuncias de agresión física y psicológica.
Contexto
Este caso marca un hito histórico como la primera investigación de la Comisión de Ética Parlamentaria desde su creación. La gravedad de los hechos —ocurridos apenas días después de asumir su curul— ha generado intensa presión ciudadana y crítica mediática, reforzando el debate sobre la necesidad de rendición de cuentas en el ámbito parlamentario. La fiscalía, por su parte, mantiene abierta una causa independiente que podría derivar en cargos penales formales.
¿Qué sigue?
El pleno de la Cámara de Diputados debatirá este lunes la propuesta de suspensión, tras lo cual podría emitir su decisión definitiva. Mientras tanto, el proceso penal avanza por separado, con una audiencia prevista en los próximos días ante la Fiscalía Suprema de Familia. La evolución del caso servirá como precedente para aplicar con mayor rigor el Reglamento de Ética Parlamentaria.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.