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English (United Kingdom) Los diputados han presentado 12 mociones para crear comisiones investigadoras desde julio, a un ritmo promedio de una por semana, generando preocupación por su eficacia y costo.
Según El Comercio, desde el inicio del actual período legislativo en julio, se han presentado 12 mociones para instalar comisiones investigadoras, con seis propuestas del Partido Cívico Obras, cuatro de Juntos por el Perú y dos de Ahora Nación. Siete iniciativas aún no han sido vistas por la Junta de Portavoces, mientras otras cuatro figuran en la agenda del pleno. La más reciente, presentada el 14 de octubre por la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú), propone investigar procesos de colaboración eficaz entre 2020 y 2026 vinculados a casos de corrupción estatal.
Dato clave: En el período 2021-2026, cuatro de 15 comisiones investigadoras no presentaron informe final, y hasta junio pasado, el Congreso gastaba más de S/1 millón mensuales en salarios para 121 trabajadores asignados a comisiones investigadoras y especiales.
Las mociones abarcan temas como la vacancia de Pedro Castillo, los derrames en Camisea, la compra de aviones F-16, la gestión de Petro-Perú y la muerte de defensores ambientales desde 2012. Expertos consultados advierten que, aunque estas comisiones consumen recursos públicos, su impacto real es limitado: “El resultado concreto de una comisión es muchísimo más que el informe, es lo que pasa después: una denuncia, una reforma, una corrección en la gestión. Sobre eso hay muy poco que mostrar”, señaló el especialista Martín Cabrera.
Contexto
El uso intensivo de comisiones investigadoras ha generado críticas por su potencial instrumentalización política y su baja tasa de conversión en acciones concretas. Aunque el nuevo Reglamento del Congreso permite contratar personal técnico especializado para estos grupos, la falta de seguimiento post-informe y la repetición de temas ya en evaluación por la Fiscalía restan credibilidad al mecanismo. Este escenario se da en un contexto de baja confianza institucional y presión ciudadana por resultados tangibles en la lucha contra la corrupción.
¿Qué sigue?
La Junta de Portavoces debe agendar las siete mociones pendientes, mientras el pleno evaluará su aprobación. Analistas señalan que la presión ciudadana y la rendición de cuentas parlamentaria podrían exigir mayor transparencia en la gestión de estos recursos. Sin una reforma profunda en los criterios de creación y seguimiento, el ritmo actual de creación de comisiones corre el riesgo de perpetuar la percepción de ineficacia legislativa.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.