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English (United Kingdom) El JNE se enfrenta a una crisis institucional tras las elecciones municipales, especialmente por la posible proclamación de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima tras resultar primer regidor, lo que reabre el debate sobre la reelección y su propia autoridad.
Tras las votaciones del 2 de junio de 2024, donde participaron más de 24 millones de ciudadanos en elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y regionales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe decidir si proclama a Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima Metropolitana, figura que, según la norma vigente, le permitiría asumir la alcaldía tras la renuncia o vacancia del alcalde electo, Francis Allison. La disputa entre ambos candidatos se decidió por un margen estrecho, con más de 200 mil votos de diferencia a favor de Allison, aunque López Aliaga cuestiona la legalidad de su propia postulación y advierte que cualquier negativa del JNE podría configurar prevaricato.
Dato clave: La Constitución prohíbe la reelección de alcaldes, pero no impide postularse como primer regidor o teniente alcalde, lo que genera un vacío normativo que el JNE debe resolver.
Esta situación pone en evidencia la debilidad institucional del JNE, que, tras su gestión en los procesos electorales recientes, ha perdido credibilidad jurisdiccional y se ha confundido administrativamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Analistas señalan que la laxitud del organismo en la revisión de candidaturas —como la de López Aliaga, ya alcalde en dos ocasiones— refleja una falta de control preventivo y una incapacidad para salvaguardar el orden constitucional. La crisis se suma a las demandas crecientes de una reestructuración integral del sistema electoral, que incluya también al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Contexto
La discusión sobre la figura del primer regidor como sucesor directo del alcalde data de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero su aplicación en casos de alta relevancia política ha generado tensiones. El JNE, presidido actualmente por María Elisa Vega, enfrenta presiones tanto legales como políticas: por un lado, López Aliaga amenaza con denunciar prevaricato si se impide su proclamación; por otro, sectores civiles y juristas exigen que el organismo defienda el principio de no reelección sin depender de interpretaciones extensivas. La autoridad del JNE se ha visto erosionada desde las elecciones del 2021, cuando su gestión bajo Jorge Salas fue cuestionada por retrasos y decisiones polémicas.
¿Qué sigue?
El JNE debe pronunciarse en los próximos quince días sobre la proclamación de los resultados municipales, con plazo máximo hasta el 17 de junio. Si confirma la victoria de Allison, la transición será ordenada; si proclama a López Aliaga como primer regidor, se desatará una batalla legal y política de gran calado. Esto exige una posición clara, coherente y fundamentada en la Constitución, bajo pena de profundizar la desconfianza en las instituciones democráticas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.