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English (United Kingdom) El Senado enfrenta un estrecho escenario político al revisar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, tras la aprobación ajustada en Diputados y una estrategia fallida que excedió los límites reglamentarios.
Tras el dictamen aprobado por la Cámara Baja con 72 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, el Senado debatió el pasado 19 de septiembre un predictamen que, pese a limitarse a dos materias (seguridad ciudadana y Fenómeno del Niño), incorporó siete nuevas medidas y amplió otras 20. La votación se postergó al 21, tras una intensa negociación, en un escenario de empate técnico: 30 senadores a favor y 30 en contra, con el presidente del Senado, Miki Torres, en capacidad de dirimir. El desafío legal radica en el Art. 25 del Reglamento del Senado, que prohíbe incorporar materias distintas a las enviadas por Diputados, lo que pone en riesgo la validez del dictamen.
Dato clave: El Senado requiere 31 votos para aprobar o modificar una propuesta de facultades, pero el balance actual es de 30-30, lo que obliga a la abstención o ausencia de cualquier legislador para evitar un nuevo empate.
La maniobra del Ejecutivo —coordinada con el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez— buscaba ampliar las facultades más allá de lo acotado por Diputados, argumentando que el FEN se extiende a varias materias. Sin embargo, la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía (RP), y aliados de Renovación Popular rechazaron esa interpretación. La bancada fujimorista, por su parte, insistió en una reconsideración tras su voto inicial en contra, mientras que la izquierda mantuvo su oposición unitaria. La tensión se agravó por la ausencia programada de algunos legisladores de izquierda que viajaron a China, a pesar de compromisos previos de asistencia.
Contexto
Esta disputa se inscribe en el marco de un gobierno debilitado tras las renuncias ministeriales y la presión mediática por corrupción, lo que ha llevado al Ejecutivo a buscar mecanismos de gobernabilidad legislativa. La oposición, liderada por FP e izquierda, exige garantías de transparencia y control democrático. El debate no es solo técnico, sino simbólico: si el Senado invalida el predictamen, se debilita la capacidad del gobierno para legislar por decreto, mientras que su aprobación significaría un avance de las facultades ejecutivas en temas sensibles como seguridad y desastres naturales.
¿Qué sigue?
La votación final está prevista para los próximos días, tras la regresión de los senadores ausentes. La estrategia del gobierno se centra en asegurar la asistencia de Nilza Chacón y otros legislados clave, mientras la oposición insiste en cuestionar la legalidad del proceso. Una derrota en el Senado podría desatar una crisis institucional y forzar una renegociación con la bancada fujimorista.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.