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English (United Kingdom) El Minem presentará este jueves su propuesta de Ley MAPE ante el Congreso, con un régimen transitorio hasta finales de 2028 para formalizar a los mineros inscritos en el Reinfo.
El Ministerio de Energía y Minas, liderado por Guillermo Shinno, enviará al Legislativo, el 15 de octubre, su iniciativa para la nueva norma que regirá la pequeña minería y minería artesanal. La propuesta fue debatida en el Consejo de Ministros y cuenta con el visto bueno del viceministro de Minas, Guillermo Shinno, tras una nueva versión incorporada el martes. La iniciativa llega con urgencia, pues debe tramitarse en el Congreso antes del 31 de diciembre, cuando culmina la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Dato clave: La propuesta establece un régimen de “consolidación” excepcional hasta el 31 de diciembre de 2028, aplicable solo a quienes estén inscritos en el Reinfo —vigentes o suspendidos—, mientras que el régimen ordinario será permanente para los ya formalizados.
La viceministra Mayra Figueroa detalló que los mineros con inscripción vigente podrán seguir operando en las coordenadas declaradas, cumpliendo sus obligaciones, mientras que los suspendidos mantendrán esa condición y no podrán operar automáticamente al ingresarse al régimen de consolidación. Asimismo, señaló que existen cerca de 27 mil expedientes pendientes de resolución en materia de gestión ambiental, lo que demuestra que la transición depende tanto del cumplimiento de los titulares como de la gestión estatal. El proyecto también incluye herramientas como una Ventanilla Única, incentivos para contratos de explotación y mecanismos para mejorar la trazabilidad.
Contexto
La iniciativa surge en un escenario crítico: el Reinfo, que ha funcionado como mecanismo transitorio desde 2010, cumple su última prórroga a finales de este año. Cerca de 150 mil mineros formales dependen de su estatus actual, y miles más aguardan resolución de sus trámites. Expertos advierten que el plazo de dos años para consolidar la formalización es ajustado, dada la lentitud institucional en la emisión de autorizaciones ambientales y técnicas. Además, se cuestiona si el régimen de consolidación evitará la perpetuación de la informalidad o solo postergará su resolución. La comunidad minera artesanal, por su parte, exige mayor claridad sobre los requisitos y tiempos, temiendo que la nueva norma no garantice acceso real a derechos mineros.
¿Qué sigue?
Tras su presentación, el proyecto entrará en debate en comisiones especializadas del Congreso, donde deberá superar múltiples rondas de análisis antes de una posible aprobación en tercer debate. Si se aprueba antes del cierre legislativo, entrará en vigencia a inicios de 2025. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para agilizar resoluciones ambientales y técnicas, así como del diálogo con los actores del sector minero.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.