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English (United Kingdom) La propuesta de Francis Allison (Avanza País) de aplicar una segunda vuelta para elegir al alcalde de Lima no tiene sustento legal actual, pero ha reavivado el debate sobre el régimen especial de la capital.
Tras las elecciones municipales del 2 de octubre, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó al 92,919% de actas procesadas, Renovación Popular obtuvo el 27,714% de los votos válidos y Avanza País el 26,833% en Lima Metropolitana. Aunque Allison solicitó públicamente —el lunes 12— que se establezca una segunda vuelta si ninguno supera el 30%, como ocurre en elecciones regionales, la normativa vigente no contempla esta posibilidad para alcaldías municipales.
Dato clave: El 7 de octubre, el personero legal de Avanza País, Aldo Borrero, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud formal para convocar a balotaje en Lima, argumentando que la municipalidad ejerce funciones regionales.
La discusión gira en torno al régimen especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que combina competencias locales y regionales sin ser considerada una región. Expertos como José Manuel Villalobos y Silvia Guevara destacan que, si bien la Constitución reconoce a Lima como unidad territorial aparte (art. 198), esto no implica que deba aplicarse la Ley de Elecciones Regionales. El artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales establece claramente que proclama al alcalde al candidato con mayor número de votos, sin umbrales para balotaje.
Contexto
La iniciativa de Allison, aunque no fue consultada previamente con él según su propia declaración, ha generado reacciones divididas entre juristas. Mientras algunos abogan por una reforma legislativa para adaptar la elección limeña a estándares similares a los regionales, otros insisten en que cualquier cambio requeriría una modificación constitucional o una ley orgánica específica. El tema cobra relevancia no solo por la magnitud de la capital, sino también por la necesidad de garantizar una representatividad mayoritaria en la máxima autoridad local.
¿Qué sigue?
El JNE debe pronunciarse sobre la solicitud presentada por Avanza País, aunque se espera que rechace la medida por falta de fundamento legal. Paralelamente, el Congreso podría analizar una propuesta legislativa para futuras elecciones, aunque su aprobación enfrentaría obstáculos técnicos y políticos. La discusión, más allá del caso concreto, plantea una pregunta estructural: ¿cómo equilibrar la singularidad de Lima con los principios democráticos de representación?
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.