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English (United Kingdom) El ministro Guillermo Shinno presentó el proyecto de nueva Ley Mape para formalizar a 1,2 millones de pequeños mineros y artesanales, con plazos claros y la creación del organismo FORMAPE.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) expuso el marco normativo en una reunión con exministros, empresarios, economistas y académicos. La propuesta establece un régimen ordinario permanente para nuevos formalizados, exigiendo autorización sectorial y certificación ambiental. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) cerrará el 31 de diciembre de 2024, y a partir del 1 de enero de 2027 entrará en vigencia un régimen de consolidación hasta finales de 2028, destinado exclusivamente a quienes se hayan inscrito en Reinfo.
Dato clave: El proyecto crea el Organismo Nacional FORMAPE, adscrito al Minem, encargado de gestionar trazabilidad, otorgar acreditaciones (PPM y PMA) y emitir autorizaciones de inicio o reinicio de actividades.
La iniciativa busca superar la fragmentación normativa actual y los mecanismos temporales que han limitado la formalización del sector. El régimen propuesto se alinea con los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), exigiendo certificación previa. FORMAPE administrará sistemas centralizados de trazabilidad, desde la extracción hasta la comercialización de los minerales, y utilizará la Casilla Electrónica Única para agilizar trámites. Además, se habilita al Banco de la Nación para brindar servicios financieros a este segmento, promoviendo su inclusión económica. En materia de responsabilidad, los pequeños mineros serán únicos responsables por incumplimientos ambientales u ocupacionales si operan bajo contrato; en caso contrario, el titular de la concesión responderá solidariamente.
Contexto
La minería informal afecta a más de un millón de personas en el Perú y representa un desafío estructural para el Estado en materia de seguridad jurídica, protección ambiental y derechos laborales. La actual Ley Mape, vigente desde 2012, ha mostrado limitaciones en su implementación, con altos índices de informalidad y escasa trazabilidad de los minerales. La propuesta del Minem responde a la necesidad de modernizar el marco regulatorio y fortalecer la gobernanza del sector, con enfoque en sostenibilidad y desarrollo productivo. Organismos internacionales y gremios han respaldado la necesidad de una norma clara y duradera, mientras sectores ambientalistas exigen garantías estrictas sobre impacto ecológico.
¿Qué sigue?
El proyecto ingresará al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior envío al Congreso. Se prevé un debate parlamentario durante el primer semestre de 2025, con el objetivo de que la ley entre en vigencia a mediados de ese año. La implementación efectiva dependerá de la capacidad institucional del Minem y de FORMAPE para coordinar con gobiernos regionales y locales, así como del financiamiento y apoyo técnico necesario para acompañar la transición de los pequeños actores.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.