Español 
English (United Kingdom) La Municipalidad de Lima y el JNE discrepan sobre la interpretación de la Resolución N.° 8 del Quinto Juzgado Constitucional, que reconoció fallas en la logística electoral del 12 de abril y ordenó exonerar multas a electores afectados.
El organismo electoral y el gobierno local emitieron pronunciamientos divergentes tras la resolución emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, derivada de una demanda de amparo presentada por el alcalde Renzo Reggiardo. El fallo, relacionado con las demoras en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales del 12 de abril, declaró la sustracción de la materia respecto a la petición de convocar elecciones complementarias en los distritos limeños afectados.
Dato clave: El juzgado reconoció deficiencias en la previsión y fiscalización electoral, y ordenó exonerar las multas por omisión al voto a los ciudadanos que no pudieron sufragar por causas imputables al organismo electoral.
La Municipalidad defendió que el fallo no es meramente simbólico, sino que establece una obligación de reparación a los electores afectados, y criticó que el JNE no haya asumido compromisos concretos para ejecutar las medidas ordenadas, como la reforma de protocolos de control. Por su parte, el JNE indicó que evaluará la interposición de recursos impugnatorios y reiteró su compromiso con la defensa del derecho al sufragio, sin embargo, dejó pendiente una respuesta operativa a las observaciones judiciales.
Contexto
La controversia se origina en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, cuando fallas en la distribución del material electoral impidieron que decenas de mesas de sufragio abrieran a tiempo en varios distritos de Lima. Reggiardo interpuso una demanda de amparo exigiendo la convocatoria a elecciones complementarias, solicitud que el JNE rechazó. El tribunal constitucional, al estimar la sustracción de la materia, no ordenó nuevas votaciones, pero sí reconoció responsabilidad institucional y estableció obligaciones de reparación individualizada.
¿Qué sigue?
El JNE debe definir en los próximos días si impugna la resolución ante la Corte Suprema, mientras la Municipalidad exigirá un plan de acción con plazos claros para la implementación de las medidas correctivas. La situación pone en evidencia tensiones institucionales en torno a la gestión electoral y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.