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Zonas de intervención de ACNUR en Perú LimaTumbesTacnaCooperación humanitaria 2024

La presidenta Keiko Fujimori y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, acordaron fortalecer la cooperación internacional para proteger a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana en el Perú.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el fin de coordinar acciones conjuntas de asistencia, protección y apoyo técnico al Estado peruano. Durante la reunión se destacó la labor actual del organismo en Lima y en regiones fronterizas como Tumbes y Tacna, donde brinda albergue, orientación y atención de primera necesidad.

Dato clave: ACNUR apoya al Perú con asistencia humanitaria en zonas críticas de entrada y tránsito de migrantes y refugiados, especialmente en la frontera norte.

La coordinación responde a un aumento en la movilidad humana en la región, con más de 5 millones de personas desplazadas por crisis en Venezuela, Colombia y otros países. El Perú ha recibido cerca de 1,3 millones de migrantes venezolanos desde 2017, lo que ha exigido una respuesta institucional coordinada con actores internacionales. La alianza con ACNUR permite mejorar la capacidad del Estado para atender demandas específicas de protección internacional, incluyendo acceso a documentación, salud, educación y empleo digno.

Contexto

Análisis: La cooperación con ACNUR se inscribe en una política migratoria que busca equilibrar los derechos humanos con la gestión ordenada de los flujos migratorios. En los últimos años, el Estado peruano ha fortalecido su marco normativo, como la Ley General de Migración y el Sistema Nacional de Refugio, pero persisten desafíos en la cobertura territorial y la integración socioeconómica. Organismos internacionales como ACNUR han sido clave para reforzar capacidades técnicas de instituciones como la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y el Ministerio de Salud.

¿Qué sigue?

Se prevé la implementación de un plan de trabajo conjunto para 2025 que incluya capacitación a funcionarios, ampliación de espacios de albergue temporal y programas de inclusión laboral. También se evalúa fortalecer la coordinación con gobiernos regionales para garantizar una respuesta integral en puntos críticos de entrada. Esta alianza refuerza el compromiso del Perú con los estándares internacionales en derechos humanos y protección internacional.


📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.