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English (United Kingdom) El diputado Jesús Pérez Alccahuamán contrató a dos personas con inscripciones suspendidas en el Reinfo, mientras su despacho lidera el análisis del registro cuyo plazo de vigencia vence en diciembre.
El congresista de Juntos por el Perú, representante por Apurímac, tiene en su equipo a José Gabriel Mendoza Salazar —con dos inscripciones suspendidas en Andahuaylas— y a Del Carpio, quien labora como asesor principal con un sueldo de S/14,700 mensuales. Ambos tienen vínculos con empresas mineras cuyas inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) están suspendidas en regiones como Lima, Cajamarca y Áncash. Además, Pérez fue dirigente de federaciones mineras regionales y gerente de una empresa minera antes de asumir su curul.
Dato clave: El Reinfo, cuya ampliación vence en diciembre, registra múltiples inscripciones suspendidas en regiones clave de la actividad minera informal.
El caso de Pérez se suma a una tendencia detectada en la Cámara: la congresista Carmen Duarte Patiño también contrató a un colaborador con inscripción suspendida en el Reinfo, Rafael Sotomayor, en Junín. Estas contrataciones generan cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés al momento de definir el futuro del registro, cuyo propósito es formalizar a los pequeños mineros artesanales y artesanales. La falta de transparencia en los vínculos entre parlamentarios y el sector informal minero intensifica la desconfianza ciudadana, especialmente tras las denuncias sobre aportes electorales de figuras vinculadas a empresas con inscripciones no vigentes.
Contexto
El Reinfo fue creado para regular a la minería informal, pero su implementación ha enfrentado críticas por lentitud, burocracia y presuntas manipulaciones políticas. Actualmente, miles de solicitantes permanecen en estado “suspendido” por no cumplir requisitos ambientales o legales. La Comisión de Energía y Minas, donde Pérez participa, será escenario de debates clave sobre su prórroga o reemplazo. Organismos internacionales y comunidades afectadas exigen mayor rigurosidad en los procesos de formalización y mayor control parlamentario sobre intereses particulares.
¿Qué sigue?
La Comisión de Energía y Minas analizará a finales de año la prórroga del Reinfo o la creación de un nuevo esquema de formalización. Se espera que se exijan explicaciones públicas a los congresistas involucrados y se fortalezcan los mecanismos de verificación de conflictos de interés. La presión ciudadana y la fiscalización interna podrían condicionar la aprobación de cualquier medida relacionada con la formalización minera.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.