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English (United Kingdom) La diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú) contrató a su abogado José Francisco Dionicio Quesnay como “asesor principal” en su despacho parlamentario, pese a que ambos negaron inicialmente el vínculo laboral.
Según los registros de personal del Congreso de la República, consultados por *El Comercio*, Dionicio Quesnay laboró en el despacho de Paredes desde agosto bajo el régimen laboral “728/OTROS”, percibiendo un sueldo mensual de S/ 13,230.10. La legisladora, cuñada del expresidente Pedro Castillo, reconoció posteriormente que el abogado trabajó “unos días” en su equipo, pero aclaró que ya no lo representa legalmente y que fue reasignado a la bancada de Juntos por el Perú.
Dato clave: El abogado, quien defendió a Paredes desde el inicio del “Caso Anguía” en 2022, figura como trabajador dependiente de su despacho parlamentario con contrato de confianza e indeterminado.
La situación se da en un contexto delicado: Paredes sigue procesada por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión, peculado, malversación y falsificación de documentos, entre otros, en perjuicio del Estado. El caso surgió tras la difusión de un video en 2021 por *Cuarto Poder*, donde se la escucha promoviendo un proyecto de saneamiento en Chadín (Cajamarca) vinculado a una empresa con la que tendría vínculos. La fiscalía sostiene que usó su influencia para canalizar obras públicas en varios distritos de la región.
Contexto
La contradicción entre las primeras negativas y la admisión parcial de Paredes generó desconfianza. Mientras ella señaló que el contrato fue breve y sin vigencia actual, Dionicio Quesnay aseguró no ser “asesor principal” y que desde julio del presente año no realizó labores particulares de patrocinio legal. Sin embargo, no logró explicar por qué su nombre aparece en los registros oficiales del Congreso. Esta situación refuerza el escrutinio sobre prácticas de contratación en el Legislativo, especialmente en figuras vinculadas a procesos judiciales de alto impacto político.
¿Qué sigue?
La Fiscalía podría requerir información adicional sobre la naturaleza de su relación laboral como parte de la investigación en curso. Además, la oposición podría exigir explicaciones formales ante el Pleno del Congreso, dada la sensibilidad del caso y el uso de recursos públicos para contrataciones en el marco de un proceso penal abierto. Queda pendiente precisar si hubo irregularidades en el proceso de contratación o si el vínculo laboral fue efectivamente breve y sin incidencia en la defensa procesal.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.