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El Partido del Buen Gobierno (PBG) confirmó su apoyo a la censura contra el ministro César Astudillo, con el respaldo explícito de su presidente, Jorge Nieto, y abogó por una conducción policial en el Interior.
El senador Flavio Figallo, vocero de la bancada, reveló que su agrupación mantiene una posición unitaria en favor de la moción de censura, tras amplias discusiones internas y la previa interpelación del titular del Interior. Figallo indicó que la decisión fue tomada en reunión semanal del partido, celebrada cada lunes, y que cuenta con el visto bueno directo de Nieto.
Dato clave: El PBG considera que el actual modelo de liderazgo militar en el Ministerio del Interior no ha sido eficaz para enfrentar la inseguridad ciudadana y propone la designación de un oficial de la Policía, como el comandante general en ejercicio.
Figallo fundamentó la postura en la necesidad de una conducción técnica y especializada en temas de seguridad interna. Señaló que la formación militar difiere sustancialmente de la policial en lo que respecta a estrategias para abordar la delincuencia urbana, y recordó que históricamente los ministros militares han tenido limitados resultados en este ámbito. Además, destacó que, con preparación y transparencia, tanto civiles como oficiales de la Policía podrían liderar con éxito el sector.
Contexto
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El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que mafias infiltran jóvenes en escuelas de la PNP, contradiciendo un comunicado oficial de la institución que negó dicha versión semanas atrás.
En una entrevista con *Correo*, Astudillo reveló que organismos delictivos están gestionando el ingreso de jóvenes a las escuelas de formación policial con el propósito de que, una vez graduados, colaboren con sus intereses ilícitos. Aseguró que ya se han identificado y cerrado varios canales de acceso fraudulentos. Esta afirmación contrasta con el Comunicado N.° 26-2026, emitido por la PNP el 13 de septiembre, en el que la institución rechazó categóricamente dichas versiones al carecer de denuncias formales, casos identificados o elementos probatorios que las respalden.
Dato clave: El 13 de septiembre, la PNP negó formalmente la infiltración criminal en sus escuelas al señalar que los procesos de admisión se rigen por concursos públicos con evaluaciones obligatorias y eliminatorias.
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A siete días del balotaje por la Alcaldía de Lima, López Aliaga (RP) amplía su ventaja a 12,4 puntos sobre Bruce (Somos Perú), según el último simulacro de Datum Internacional.
El estudio, realizado entre el 23 y 25 de septiembre —tras el único debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones—, ubica a Rafael López Aliaga con el 29,6% de los votos válidos, frente al 17,2% de Carlos Bruce. Este es el último sondeo autorizado antes de entrar en vigencia la veda electoral, que rige desde el 28 de septiembre. En tercer lugar se posiciona Francis Allison (Avanza País) con 13%, seguido por Daniel Urresti (Podemos Perú) con 7,1% y Samuel Daza (Fuerza Popular) con 6,3%.
Dato clave: La diferencia entre López Aliaga y Bruce alcanza los 12,4 puntos porcentuales en votos válidos, consolidando su liderazgo en la carrera por la Municipalidad de Lima.
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Luis Rubio renunció como candidato a alcalde de Lima, dejando a Rafael López Aliaga como cabeza de lista de Renovación Popular; si su lista gana, él asumiría la alcaldía pese a la prohibición de reelección inmediata, generando un debate jurídico sin resolver.
En la carrera municipal limeña, que cuenta con 26 candidatos, López Aliaga emerge como el favorito a pesar de no figurar formalmente como postulante a alcalde, sino como teniente alcalde. Su eventual asunción dependería del resultado electoral del próximo domingo 4 de octubre, y generó una polémica por la interpretación de la norma que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, cuyas lagunas legales han sido aprovechadas tanto por su sector como por otros postulantes a nivel nacional.
Dato clave: El Jurado Nacional de Elecciones no ha aclarado si permitirá la entrega de credenciales a López Aliaga en caso de victoria, dejando abierta la posibilidad de un conflicto institucional tras el 4 de octubre.