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English (United Kingdom) El Ositrán advierte que 11 concesiones de infraestructura vencerán próximamente, con riesgo de litigios internacionales por demoras estatales en entrega de terrenos y mal manejo contractual.
Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), informó que 11 contratos de concesión están en fase terminal, lo que exige una decisión urgente por parte del Estado sobre su renovación o terminación anticipada. La alerta se dio durante su intervención en Infracon 2026, celebrada en Urubamba, Cusco, donde destacó que la falta de entrega oportuna de terrenos por parte de las entidades públicas está generando incertidumbre, costos adicionales y deterioro en la confianza de los inversionistas privados.
Dato clave: Zambrano señaló que el Perú frecuentemente pierde en arbitrajes internacionales, especialmente ante el CIADI, por malinterpretaciones contractuales y rotación ministerial.
La funcionaria subrayó que las discrepancias entre entidades concedentes y operadores privados —como diferencias en la interpretación de cláusulas contractuales— derivan en disputas legales que escalan a instancias internacionales. Citó como ejemplo el caso recurrente de sentencias desfavorables para el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Adicionalmente, identificó que la alta rotación de ministros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones impide la continuidad en la gestión de conflictos contractuales, lo que atrasa soluciones definitivas.
Contexto
El sector de concesiones en infraestructura en el Perú enfrenta una tensión creciente entre la necesidad de mantener la operatividad de vías y servicios esenciales y las limitaciones institucionales del Estado para cumplir sus obligaciones contractuales. La demora en la entrega de terrenos —un requisito previo para el inicio de obras— ha afectado proyectos clave como carreteras, puentes y terminales multimodales. Expertos señalan que esta situación no solo eleva los costos para los concesionarios, sino que también socava la credibilidad del marco regulatorio peruano frente a inversionistas extranjeros, particularmente en un escenario global de mayor aversión al riesgo. La falta de una política estatal coordinada para la gestión de concesiones ha sido criticada por organismos internacionales, que recomiendan fortalecer la capacidad técnica de las entidades concedentes y estandarizar los procesos de resolución de controversias.
¿Qué sigue?
El Ositrán impulsará reuniones con las entidades concedentes para revisar los pliegos y cronogramas de los 11 contratos en vencimiento, con el objetivo de evitar litigios. Se prevé la emisión de directrices técnicas para estandarizar la interpretación contractual y reducir riesgos legales. A largo plazo, se analiza una reforma normativa que fortalezca la gobernanza del sector y garantice mayor estabilidad institucional en la gestión de concesiones.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.