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Incidentes en protestas francesas MarsellaLyonParísNantes272 detenidos — 10 ciudades afectadas

Las autoridades francesas reportaron 272 detenciones en todo el país tras nuevas protestas contra la crisis del costo de vida, con incidentes violentos en al menos siete ciudades, incluyendo París, Marsella y Lyon.

El Ministerio del Interior francés confirmó este sábado cifras provisionales que superan las 270 detenciones tras jornadas de manifestaciones convocadas para denunciar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Se registraron actos graves en Marsella —donde manifestantes tomaron por la fuerza el Ayuntamiento—, Lyon —donde un incendio destruyó una oficina de turismo—, París —donde se intentó acceder al Palacio del Elíseo—, y también en Nantes, Aviñón, Grenoble, Pau, Montpellier, Toulouse y Valence, donde comercios y edificios públicos fueron vandalizados.

Dato clave: Los disturbios fueron protagonizados por grupos de hasta centenares de personas vestidas de negro, vinculadas a la extrema izquierda, y se incrementaron los ataques contra fuerzas de seguridad y saqueos.

Según el ministerio, los actos violentos incluyeron intentos de invasión de sedes institucionales, destrozos en establecimientos comerciales y daños a infraestructura pública. En Lyon, los bomberos enfrentaron obstáculos para atender emergencias debido a la presencia de estos grupos. En París, las fuerzas de seguridad dispersaron marchas no autorizadas que buscaban converger hacia el Elíseo. Las autoridades señalan que los manifestantes, organizados en bloqueados negros, han escalado su táctica en las últimas semanas, lo que ha generado una respuesta policial reforzada en zonas urbanas clave.

Contexto

Las protestas responden al agudo deterioro del poder adquisitivo en Francia, donde la inflación se mantuvo en dos dígitos durante 2023 y persiste en niveles elevados en 2024. A la subida de precios de alimentos y energía se suma la crisis del costo de la vivienda, lo que ha generado malestar en sectores populares y medias. A diferencia de movilizaciones anteriores lideradas por sindicatos, estas últimas han contado con una participación más desestructurada y autónoma, lo que complica su control y fomenta la violencia. El gobierno ha respondido con un aumento de la presencia policial y amenazas de sanciones legales contra los responsables de destrozos.

¿Qué sigue?

Las organizaciones convocantes han anunciado nuevas jornadas de protesta para las próximas semanas, lo que incrementa la tensión social. El gobierno ha indicado que evalúa medidas adicionales de seguridad, mientras expertos advierten sobre el riesgo de desgaste institucional si no se abordan las causas estructurales del descontento. La presión sobre la clase media y los trabajadores de bajos ingresos seguirá siendo un termómetro clave para la estabilidad política en los meses venideros.


📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.