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English (United Kingdom) Un juez colombiano ordenó al gobierno preservar obras retiradas del Museo Nacional tras una decisión del presidente que generó protestas masivas en Bogotá.
El magistrado de Bogotá adoptó medidas cautelares el lunes para garantizar la integridad de las piezas retiradas del Museo Nacional, donde fueron desinstaladas decenas de obras relacionadas con diversidad sexual, feminismo y los procesos de paz, tras una orden ejecutiva emitida por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado viernes.
Dato clave: Desde el sábado, cientos de personas han mantenido protestas frente al Museo Nacional, con choques registrados entre manifestantes y fuerzas antidisturbios que usaron agua y gases lacrimógenos.
La medida gubernamental se justificó alegando que el recinto no debía funcionar como “instrumento de adoctrinamiento político”, lo que generó una fuerte reacción de colectivos culturales, organizaciones de derechos humanos y legisladores de oposición, quienes denunciaron censura y violación de derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. El congresista Gabriel Becerra, uno de los impulsores de la demanda, reafirmó el compromiso de luchar por la restauración de las obras en sus espacios originales.
Contexto
Análisis: La tensión se enmarca en un profundo desacuerdo ideológico entre el actual gobierno y sectores culturales, académicos y políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro. De la Espriella, en declaraciones del jueves, acusó al Estado de tener el “deber moral insoslayable” de impedir que los espacios culturales sean “captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”, lo que refuerza la percepción de una política cultural restrictiva. Las protestas —que mantienen presencia constante frente al museo con actividades como charlas de memoria histórica y manifestaciones pacíficas— evidencian la polarización social en torno a la memoria colectiva y la libertad de expresión.
¿Qué sigue?
El juez debe pronunciarse sobre el fondo de la demanda tras evaluar los argumentos legales presentados. Mientras tanto, las medidas cautelares mantienen las obras bajo custodia, lo que podría evitar su traslado o destrucción. La comunidad cultural y los movimientos sociales continúan movilizándose, lo que presiona al Estado a encontrar un equilibrio entre la gestión pública del patrimonio y los derechos culturales.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.