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English (United Kingdom) El canon minero alcanzará los S/20.000 millones en 2026, pero la mala gestión y baja ejecución presupuestal impiden que se invierta en servicios básicos, pese al récord de recursos transferidos.
En lo que va del 2026, ya se han transferido más de S/13.000 millones por canon y regalías mineras a gobiernos regionales y locales, con proyecciones de llegar a S/20.000 millones en 2027. Entre 2017 y 2025, el presupuesto con recursos mineros se triplicó hasta S/8.800 millones anuales, pero solo se ejecutó una media de S/6.000 millones al año, dejando sin gastar el 32% de los fondos disponibles.
Dato clave: De cada S/100 que las municipalidades destinaron a proyectos entre 2017 y 2025, apenas S/21 fueron a servicios básicos (agua, saneamiento, educación, salud y electricidad), mientras S/26 fueron a cultura, deporte e institucional.
La mala asignación y ejecución se refleja en indicadores sociales negativos: en San Marcos (Áncash), el distrito que más canon recibe, la proporción de viviendas con agua dentro de casa disminuyó del 83% al 71,5% entre 2017 y 2025; en Ilabaya (Tacna), el segundo con más transferencias, ocurrió una caída similar. En Challhuahuacho (Apurímac), apenas el 44,5% de los hogares tiene red pública de agua y solo el 30,8% de desagüe. Además, los recursos se fragmentan en cerca de 90.000 proyectos entre 2017 y 2026, con un promedio de S/320.000 por iniciativa en 2025, lo que impide abordar necesidades estructurales. Un tercio de las obras quedó abandonado y un décimo paralizado, mientras que en la mitad de los concursos de las 10 municipalidades con más canon hubo un solo postor.
Contexto
La volatilidad del canon —que se contrae hasta un 94% en años de caída de precios, como en Arequipa— genera inestabilidad y paraliza obras iniciadas. Además, los recursos atraen竞 electoral: los distritos con mayor canon han tenido, en promedio, un 50% más de candidatos en elecciones. La falta de priorización y control impide que los fondos se orienten a metas concretas de cobertura y calidad en servicios públicos esenciales.
¿Qué sigue?
Se requiere condicionar la liberación de los recursos a avances medibles en cobertura y calidad de agua, desagüe, electricidad, educación y salud, con metas independientemente verificadas. Mientras no se cumplan, los fondos deben destinarse exclusivamente a cerrar esas brechas, sin financiar estadios ni obras simbólicas. Para superar la capacidad institucional limitada, se deben activar mecanismos ya disponibles como mancomunidades, convenios con el Ministerio de Vivienda, obras por impuestos y acuerdos intergubernamentales.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.