Español 
English (United Kingdom) El comando unificado militariza temporalmente la lucha contra el crimen organizado, pero su eficacia depende de fortalecer la policía, la justicia y la investigación financiera, no solo de desplegar efectivos.
El Ejército del Perú instaló en su cuartel general un comando unificado para enfrentar el crimen organizado, con el despliegue de 1.350 efectivos, patrullajes conjuntos y vigilancia mediante drones en zonas críticas. Esta medida responde al aumento de extorsiones y sicariatos, que amenazan la estabilidad social y económica del país.
Dato clave: El comando despliega 1.350 efectivos y utiliza drones para vigilancia en puntos estratégicos.
La expansión del crimen organizado ha transformado a las bandas en redes transnacionales que combinan violencia, corrupción y lavado de activos. Aunque la presencia militar puede generar una disuasión inmediata y recuperar temporalmente el control territorial, la experiencia regional muestra que sin una estrategia integral —con inteligencia financiera, cooperación internacional y fortalecimiento judicial—, los resultados son efímeros y el delito se reubica. Confundir presencia con capacidad institucional es un riesgo: una patrulla no desmantela redes de cobro ni identifica a los mandos criminales.
Contexto
Análisis: La respuesta militarizada ha generado debate entre expertos. Mientras algunos la ven como necesaria ante la debilidad policial, otros advierten que sin reformas profundas —como modernizar fiscalías, mejorar laboratorios criminalísticos y agilizar juzgados—, el sistema colapsará ante el aumento de detenciones sin condenas efectivas. Además, la corrupción en cárceles y fronteras, junto con la financiación ilícita, sigue siendo un eslabón débil que permite a las organizaciones reconstituirse tras golpes operativos.
¿Qué sigue?
El comando debe operar bajo plazos claros, indicadores públicos verificables y supervisión civil. La prioridad es fortalecer la policía nacional, capacitar a la justicia especializada y desplegar herramientas tecnológicas para investigar el flujo de dinero ilícito. Solo un Estado competente, coordinado y con autoridad plena garantiza seguridad sostenible y soberanía democrática.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.