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English (United Kingdom) La crisis peruana trasciende lo económico: es una profunda falencia institucional que genera abandono, desconfianza y fragmentación social, evidenciada en servicios públicos deficientes y una desigualdad estructural que excluye a millones.
Tras asumir el poder, la presidenta Fujimori atribuyó la situación del país a la gestión anterior, aunque los ciudadanos llevan años percibiendo un Estado inoperante. Datos reveladores: en 2026, el presupuesto del sector salud alcanzó más de S/28 000 millones —cuatro veces más que los S/6 000 millones de 2010—, pero siete de cada diez personas que necesitó atención médica no la recibió. Cada día, cerca de mil peruanos duermen en los estacionamientos de hospitales, sin acceso a alojamiento ni alimentación adecuada, porque sus regiones carecen de especialistas e infraestructura médica. Además, solo el 35% de los hogares recibe agua potable con niveles seguros de cloro, y menos del 60% dispone de servicio continuo las 24 horas.
Dato clave: El 80% de los peruanos se siente agraviado por el Estado, lo que explica el apoyo a alternativas políticas emergentes como la de Pedro Castillo, quien obtuvo el 19% de los votos válidos en la primera vuelta.
Esta situación se agravó durante la pandemia: a pesar de que el Perú contaba en 2020 con la economía más sólida de América Latina, terminó registrando la mayor tasa de mortalidad mundial. Los resultados de la prueba PISA y la persistente brecha territorial en servicios básicos confirman que el problema no es la falta de recursos, sino la ineficiencia y la indiferencia institucional. La desconfianza se ha multiplicado: el 77% de los peruanos evita confiar en quienes tienen valores o trayectorias distintas, y en los sectores de bajos ingresos esa cifra llega al 82%. Esto ha generado una sociedad fragmentada, donde la diferencia se percibe como amenaza en lugar de oportunidad para el diálogo.
Contexto
La crisis de legitimidad institucional ha erosionado la cohesión social y alimentado el rechazo a los partidos tradicionales. Millones de ciudadanos no solo exigen mejoras en salud, educación y agua, sino reconocimiento de su dignidad y voz. Sin una respuesta estatal efectiva y equitativa, cualquier avance técnico o presupuestario será insuficiente para revertir la desconfianza acumulada. La polarización creciente dificulta el consenso político necesario para reformas estructurales.
¿Qué sigue?
El reto es construir un Estado capaz de garantizar derechos básicos con equidad territorial y calidad. Esto requiere no solo más recursos, sino gobernabilidad, transparencia y una cultura de servicio público centrada en la ciudadanía. Si no se aborda la raíz del problema —el abandono estructural—, la fragmentación social se profundizará y las soluciones superficiales fracasarán.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.