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English (United Kingdom) El gobierno enfrenta una paradoja: combina discursos duros contra la delincuencia con una gestión ineficaz y una búsqueda constante de apoyo parlamentario, lo que socava su credibilidad y limita su capacidad de acción.
En una columna publicada el 2 de junio, el profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) advirtió que, pese a su solidez aparente, Fuerza Popular carece de un proyecto ideológico claro y depende de alianzas con Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y otros actores para lograr mayorías en el Congreso. A casi dos meses de asumido el cargo, el Ejecutivo aún no ha presentado un pedido de facultades legislativas completo ni ha logrado resultados tangibles en temas clave como la lucha contra la criminalidad.
Dato clave: El gobierno no ha logrado aprovechar sus prerrogativas constitucionales para impulsar iniciativas efectivas en seguridad ciudadana, a pesar de contar con el respaldo formal de la mayoría parlamentaria.
La gestión se ha caracterizado por una estrategia dual: por un lado, anuncios simbólicos de dureza —como la presentación del Comando Unificado de la Lucha contra la Criminalidad y referencias a Nayib Bukele—; por otro, una negociación constante con bloques parlamentarios minoritarios para lograr acuerdos. Esta doble vía genera confusión, ya que las amenazas verbales pierden fuerza ante la percepción de ineficacia, mientras que los intentos de consenso no logran consolidar un apoyo estable. El retraso en la aprobación de facultades legislativas y la lentitud en la implementación de políticas públicas han erosionado la confianza ciudadana, cuyo respaldo tiende a la baja.
Contexto
Análisis: La dinámica actual refleja una tensión estructural entre el Ejecutivo y el Legislativo, agravada por la fragmentación partidaria. A diferencia de Bukele, quien logró imponer su agenda tras demostrar resultados concretos en seguridad, el gobierno peruano aún no ha generado esa legitimidad popular mediante hechos. La falta de coherencia entre discurso y acción debilita su posición negociadora y limita su capacidad para responder a las demandas ciudadanas, especialmente en un Congreso donde los acuerdos requieren consensos frágiles y cambiantes.
¿Qué sigue?
Los próximos meses serán decisivos: si no se logran avances tangibles en materia de seguridad —como reducción de índices delictivos—, la presión ciudadana y el descontento parlamentario se intensificarán. El gobierno deberá elegir entre profundizar su estrategia de diálogo o reforzar su postura dura, pero continuar con ambas a la vez solo profundizará la crisis de credibilidad.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.