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English (United Kingdom) El Ejecutivo propone una nueva ley MAPE tras cinco prórrogas del Reinfo, pero persisten dudas sobre su efectividad ante 27.000 registros sin formalizar y más de 25.000 estudios ambientales pendientes.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aseguró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá el 31 de diciembre de 2026, seguido por un régimen de consolidación entre enero de 2027 y diciembre de 2028, exclusivo para quienes ya se inscribieron. El Reinfo, creado en 2016 con vigencia inicial de tres años, ha sido extendido cinco veces, siendo la última prórroga aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en diciembre de 2025 sin observaciones. Actualmente, cerca de 27.000 mineros pequeños y artesanales permanecen sin formalizar, y el propio ministro reconoce que el modelo actual no cumple su objetivo.
Dato clave: Más de 25.000 instrumentos ambientales relacionados con la pequeña minería aún están sin resolver, lo que impide avanzar en la formalización efectiva.
La nueva ley MAPE incluye propuestas valiosas como la trazabilidad de la cadena productiva, una casilla electrónica única y la creación de una autoridad especializada. Sin embargo, su éxito depende de la capacidad estatal para ejecutar lo que corresponde al Estado: tramitar evaluaciones ambientales, fiscalizar y sancionar. El rechazo de la exfiscal Karina Garay —quien advirtió que la norma no puede convertirse en “la máscara para un proceso de impunidad”— refleja el escepticismo frente a un histórico patrón de anuncios sin seguimiento real. La minería informal ha dejado un rastro de daños ambientales, violencia y economías ilegales que ya no pueden justificarse con excusas burocráticas.
Contexto
La minería pequeña y artesanal en el Perú opera en un limbo legal desde hace más de una década. A pesar de los esfuerzos institucionales, el Reinfo se ha convertido en un mecanismo de postergación, no de formalización. La presencia de diputados con vínculos al sector informal en la Comisión de Energía y Minas del Congreso añade complejidad al debate legislativo. Mientras, los precios del oro mantienen altos niveles, incentivando la extracción sin regulación ambiental ni garantías laborales. La comunidad científica y organizaciones sociales denuncian la contaminación de cuencas hidrográficas y el deterioro de la gobernanza local, lo que exige respuestas contundentes, no meras ajustes normativos.
¿Qué sigue?
El proyecto MAPE ingresará al Congreso para su análisis en la comisión correspondiente, donde enfrentará presiones para suavizar requisitos ambientales y sancionadores. El Ejecutivo debe defender su propuesta sin concesiones a intereses informales, y el Legislativo, actuar con responsabilidad técnica, no clientelar. El país ya no puede permitirse más dilaciones: la formalización debe ser real, rápida y con estándares ambientales y sociales mínimos.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.