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English (United Kingdom) La presidenta Keiko Fujimori propone equiparar a las organizaciones criminales con grupos terroristas para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, una iniciativa que despierta serias reservas constitucionales y de derecho.
La jefe de Estado ha insistido en calificar a las bandas delictivas como “grupos terroristas” y “enemigos del sistema democrático”, una postura que, según analistas, ignora diferencias fundamentales entre ambas modalidades de violencia y pone en riesgo el marco legal vigente.
Dato clave: La Constitución peruana asigna a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, no la seguridad ciudadana interna, tarea que corresponde a la Policía Nacional.
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente inseguridad, con cifras que en 2023 reportaron más de 1200 homicidios en contextos de robo y extorsión en zonas como La Victoria y Callao. Sin embargo, el enfoque se aleja de diagnósticos especializados que identifican al crimen organizado como estructuras económicas y no ideológicas, con fines lucrativos y no políticos. El uso del término “terrorismo” —definido legalmente como la imposición del poder mediante el terror con objetivos políticos— carece de sustento jurisprudencial y doctrinal en estos casos.
Contexto
La iniciativa de Fujimori revive viejas polémicas: su padre, Alberto Fujimori, cerró el Congreso en 1992 bajo el argumento de luchar contra el terrorismo, acción que fue calificada por tribunales internacionales como un golpe de Estado. Hoy, la presidenta no cuenta con proyectos de reforma constitucional ni leyes orgánicas que respalden su propuesta, lo que evidencia una estrategia improvisada frente a un problema estructural. Expertos en seguridad advierten que militarizar la lucha contra el crimen organizado podría derivar en violaciones a derechos humanos y debilitar las instituciones policiales.
¿Qué sigue?
La discusión legislativa aún está en fase temprana, sin apoyo técnico ni consenso político. Para abordar la delincuencia, se requieren políticas integrales: fortalecimiento institucional, control de armas, prevención social y cooperación internacional. La solución no pasa por redefinir términos legales ni expandir funciones militares sin marco normativo, sino por construir respuestas concretas, sostenidas y respetuosas del Estado de Derecho.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.