Español 
English (United Kingdom) La extorsión en el Perú ha incrementado su uso de menores de edad como “escudos legales”, con un alza del 122% en jóvenes reclusos por este delito entre 2022 y la actualidad.
Según un informe de ECData, el número de adolescentes y jóvenes en centros juveniles por extorsión pasó de 73 en 2022 a 162 en la actualidad, mientras su participación relativa entre los privados de libertad por este delito creció del 4,1% al 7,9% en el mismo lapso. Organizaciones como Los Pulpos habrían intensificado su estrategia de reclutar menores para evitar sanciones penales más severas, aprovechando su menor responsabilidad jurídica y su menor percepción como sospechosos.
Dato clave: Entre 2022 y 2026, los menores recluidos por porte o uso de armas también se duplicaron: de 82 a 162.
Este fenómeno responde a una lógica criminal calculada: los menores son atraídos con pagos que no podrían acceder de otra forma y, al mismo tiempo, son menos propensos a percibir riesgos a corto plazo por su edad. Además, el sistema judicial peruano establece límites a las penas para personas bajo 18 años, lo que reduce el costo percibido de su captura. Expertos señalan que la expansión de redes criminales dedicadas prioritariamente a la extorsión —más que al hurto tradicional— ha intensificado esta dinámica, especialmente en zonas urbanas y suburbanas del país.
Contexto
La problemática trasciende lo operativo: pone en jaque la efectividad del sistema de justicia juvenil y exige una redefinición de las estrategias de prevención. Autoridades reconocen que las acciones actuales —como operativos policiales— no alcanzan a desmantelar los núcleos dirigentes que orquestan estas redes, mientras los menores asumen los riesgos directos. Paralelamente, organismos internacionales han reiterado su preocupación por la vulnerabilidad de los adolescentes en contextos de violencia estructural y la necesidad de enfoques preventivos, no solo punitivos.
¿Qué sigue?
El Ejecutivo debe integrar en su plan antiextorsión políticas específicas de prevención escolar, reinserción social con enfoque terapéutico y mecanismos de denuncia segura para menores atrapados en estas redes. Sin una respuesta coordinada entre educación, justicia y protección, el ciclo de criminalización temprana se perpetuará, alimentando a su vez la inseguridad ciudadana.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.