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English (United Kingdom) El Congreso rechazó la mayoría de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, rompiendo una tradición desde 1979 y obligando al gobierno a reactivar su agenda mediante acción directa y comunicación clara.
Este es el primer Congreso en la historia democrática peruana que niega la mayor parte de las facultades solicitadas, especialmente en temas clave como formalización, modernización del Estado y facilitación de la inversión privada. A pesar de que el 80% de la ciudadanía respaldaba su otorgamiento, el Ejecutivo no logró articular una narrativa efectiva ni superar la oposición parlamentaria.
Dato clave: El 70% de las normas regulatorias vigentes fueron emitidas mediante decreto supremo, lo que permite al gobierno derogarlas sin necesidad de ley.
La negativa congresaña ha forzado al gobierno a asumir una nueva estrategia: actuar con decisión en materia de seguridad, como lo demuestra la creación del Comando Unificado y las operaciones en Trujillo y el penal El Milagro, con presencia directa de la presidenta. Asimismo, debe impulsar por vía reglamentaria reformas profundas: desregulación mediante decretos supremos, digitalización del Estado, y reorganización ministerial —ya iniciada solo en Energía y Minas—, eliminando direcciones y programas redundantes que generan gasto improductivo.
Contexto
La tradición de delegación legislativa se remonta a la Constitución de 1979, y todos los gobiernos anteriores la obtuvieron sin resistencia significativa. Sin embargo, la actual gestión enfrenta un Congreso fragmentado y con fuerte oposición institucional, donde el Partido del Buen Gobierno —por su afinidad ideológica con Fuerza Popular— juega un rol determinante en la negativa. Esta situación no solo limita la capacidad legislativa, sino que socava la confianza ciudadana ante la percepción de inacción.
¿Qué sigue?
El gobierno debe reforzar su comunicación con una narrativa clara sobre sus objetivos, pasos concretos y desafíos, para movilizar apoyo popular y presionar a actores institucionales. Paralelamente, debe acelerar la implementación de medidas ejecutivas disponibles —como la reorganización ministerial y la digitalización— y construir consensos mínimos en temas prioritarios para evitar una parálisis estructural.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.