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Zona de extorsión en Tumbes La CruzFrontera EcuadorZona de patrullaje navalZona costera con presencia de bandas ecuatorianas

Pescadores de La Cruz, Tumbes, denuncian extorsión sistemática por parte de bandas ecuatorianas, que exigen pagos de hasta S/ 6,000 y obligan a portar carnés identificatorios bajo amenazas de secuestro y destrucción de embarcaciones.

Según un reportaje de *Panorama*, organizaciones criminales de origen ecuatoriano —entre ellas Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Guantes de Box— operan en aguas fronterizas de Tumbes, imponiendo un esquema de cobro forzado a los pescadores locales. Los afectados relatan que sus patrones han sido secuestrados y liberados tras el pago de rescates, y que han visto cómo sus lanchas son incendiadas como castigo por negarse a cumplir las exigencias. En La Cruz, ya se registran restos calcinados de embarcaciones, evidencia tangible de la violencia ejercida.

Dato clave: Un pescador indicó que tuvo que entregar S/ 6,000 para recuperar a un patrón secuestrado, mientras otros reciben amenazas directas como “de lo contrario, copian o se mueren”.

El sistema de extorsión se sustenta en la entrega de carnés con logotipos de las bandas, que los pescadores deben imprimir junto con fotos de sus embarcaciones. Aunque estos identificativos supuestamente evitan ataques por parte de una organización específica, no ofrecen protección ante disputas entre grupos rivales, lo que agrava la inseguridad. Los testimonios también señalan que los delincuentes se comunican directamente con los pescadores mediante llamadas y mensajes de texto, imponiendo plazos y condiciones under threat de incendiar sus lanchas.

Contexto

Análisis: La presencia de redes criminales transnacionales en la pesca artesanal tumbesina refleja la expansión de la delincuencia organizada hacia sectores económicos vulnerables, especialmente en zonas de difícil control estatal. Aunque la Marina de Guerra ha intensificado patrullajes en la zona fronteriza y perseguido embarcaciones extranjeras, la infiltración en tierra y las amenazas directas limitan la efectividad de estas acciones. El sector pesquero, ya golpeado por la volatilidad de ingresos y la competencia informal, enfrenta ahora una carga adicional que amenaza su sostenibilidad económica y física.

¿Qué sigue?

Las autoridades peruanas deben coordinar acciones integrales entre la Marina, la Policía y el Ministerio de Trabajo para proteger a los pescadores, identificar a los responsables y fortalecer la vigilancia en puertos y zonas costeras. Paralelamente, es urgente implementar programas de acompañamiento y denuncia segura para quienes operan en condiciones de riesgo extremo. Sin una respuesta contundente, la extorsión se consolidará como una nueva “tasa” en la economía pesquera local, con graves consecuencias para la seguridad alimentaria y el desarrollo regional.


📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.