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Contratos y campañas en el Callao Gobierno RegionalAportantesFamiliaresContratos otorgadosCallao • 2023-2026

Investigación de Cuarto Poder vincula a varios aportantes de campañas del entorno del gobernador Ciro Castillo con múltiples contratos en el Gobierno Regional del Callao, incluyendo a familiares y excolaboradores.

Según el reportaje, Armando Rondinel Silva, quien aportó S/ 2,480 a la campaña de Antonio Castillo Rojo, obtuvo 14 órdenes de servicio por S/ 85,800, mientras sus padres y hermanas recibieron contratos por más de S/ 489,000 en total. También se identificó a Elvira Madalengoitia, exasistente de Ciro Castillo, cuyos aportantes a su campaña —como Aniee Espezúa (S/ 1,350), Carlos Triveño (S/ 2,000) y Mariela Carrillo (S/ 1,200)— obtuvieron órdenes de servicio y plazas CAS por montos que suman más de S/ 150,000.

Dato clave: Más de S/ 725,000 en contratos y órdenes de servicio fueron otorgados por el Gobierno Regional del Callao a familiares y allegados de aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo.

La investigación destaca que varios de estos aportantes trabajaban en la propia institución, lo que genera sospechas de uso de recursos públicos para fines electorales. El gobernador Ciro Castillo declaró desconocer los casos, pese a que algunos hechos se produjeron bajo su gestión. Además, el caso se enmarca en un contexto de reestructuración del personal en la región, con una reciente convocatoria de 87 plazas en salud bajo DL 1057, lo que ha generado críticas por la oportunidad de la selección y posibles vínculos con intereses políticos.

Contexto

Análisis: Expertos en contrataciones públicas, como José Trelles, advierten que estas contrataciones no solo cuestionan la transparencia del proceso, sino también su pertinencia temporal, al permitir que personas seleccionadas ahora ocupen cargos durante futuras gestiones. Esto refuerza el riesgo de instrumentalización del aparato estatal para fines electorales, una práctica ya denunciada en otras regiones del país.

¿Qué sigue?

Se espera que las denuncias sean evaluadas por la Contraloría General de la República y la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE), especialmente tras la cercanía de las elecciones regionales. La oposición ya ha solicitado auditar los procesos de selección y los montos contractuales, mientras la ciudadanía exige mayor transparencia en el uso de fondos públicos.


📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.