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English (United Kingdom) El Estado prorroga 60 días el estado de emergencia en Pataz (La Libertad) para combatir la minería ilegal, con control militar del orden interno y toque de queda nocturno.
El Decreto Supremo Nº 137-2026-PCM, publicado el 3 de octubre de 2026, extiende por dos meses el estado de emergencia en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, con el objetivo de enfrentar el accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras formas de violencia estructurada. Durante este período, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, mientras la Policía Nacional del Perú brinda apoyo logístico y operativo.
Dato clave: La medida incluye la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, con excepciones para personal esencial en servicios básicos.
La prórroga se fundamenta en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución, lo que permite restringir temporalmente derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal. Las operaciones se rigen por estándares internacionales de derechos humanos, conforme al decreto legislativo que regula el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como por protocolos específicos para la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Este tipo de intervenciones se han repetido en los últimos años en zonas afectadas por la actividad minera ilegal, especialmente en áreas de difícil acceso y con presencia de grupos criminales organizados.
Contexto
Análisis: La prórroga responde a una escalada de tensiones en la región, donde la minería ilegal ha generado conflictos sociales, degradación ambiental y riesgos para la seguridad ciudadana. En los últimos meses, se han registrado amenazas a comunidades, sabotajes a infraestructura y enfrentamientos entre grupos armados. La intervención militar se enmarca en una estrategia nacional más amplia para recuperar el control territorial en zonas de alto riesgo, aunque ha generado críticas de organismos de derechos humanos sobre el uso proporcional de la fuerza. Por su parte, autoridades locales han expresado apoyo a la medida, destacando la necesidad de garantizar la estabilidad para reactivar actividades legales como la agricultura y el turismo comunitario.
¿Qué sigue?
Las autoridades regionales y nacionales evaluarán el impacto de la intervención tras los primeros 30 días, con reportes periódicos al PCM. Se prevé una reactivación gradual de servicios y actividades económicas legales una vez consolidado el control del orden. A largo plazo, el gobierno planea fortalecer la presencia del Estado mediante proyectos de desarrollo integral en la zona, con enfoque en sustitución de cultivos, formalización minera y gobernanza local.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.