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English (United Kingdom) La ONPE sancionó a Renovación Popular con una multa de S/ 198 mil por destinar financiamiento público a gastos personales y no electorales, además de disponer la pérdida del 60% de su asignación semestral.
Según resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la agrupación política será sancionada con una multa equivalente a 36 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 198 mil) tras identificarse múltiples desembolsos irregulares del representante legal Fernando Sandoval Ruiz, entre los que destacan gastos en alimentación, hospedaje, pasajes aéreos, bonificaciones y publicidad digital, con un total de S/ 212,457.98 en movimientos no autorizados.
Dato clave: De los S/ 212,457.98 verificados, S/ 198 mil corresponden a gastos no permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas y motivan la sanción.
La ONPE detalló que los recursos del financiamiento público directo fueron utilizados para cubrir gastos personales del líder del partido, incluyendo S/ 46,137 en reembolsos por alimentación, medicamentos, alojamiento y movilidad; S/ 51.10 en intereses por depósitos fuera de plazo en su AFP; y S/ 4,000 en el análisis de la cuenta de Rafael López Aliaga en TikTok. Asimismo, se registraron pagos por S/ 82,320 a la Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP) por conferencias y S/ 13,349 en material de difusión como bolsas de notex, gorros y chalecos.
Contexto
Esta sanción se enmarca en la fiscalización rigurosa que la ONPE lleva a cabo sobre el uso de los fondos públicos asignados a los partidos políticos, con el fin de garantizar transparencia y legalidad en la gestión de recursos electorales. Renovación Popular, que obtuvo más de 400 mil votos en las últimas elecciones generales, ya había sido objeto de otras fiscalizaciones previas por irregularidades en sus cuentas. La normativa vigente exige que los fondos se destinen exclusivamente a actividades partidarias, campañas electorales y formación política, excluyendo gastos personales o gastos no relacionados con la gestión institucional.
¿Qué sigue?
La agrupación tiene 30 días hábiles para pagar la multa o solicitar su fraccionamiento. Si cancela el monto antes del plazo para impugnar la resolución —y no interpone ningún recurso—, la sanción se reducirá en un 25%. La decisión podría afectar su capacidad operativa en los próximos meses, especialmente con miras a procesos electorales regionales y locales.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.