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English (United Kingdom) El ministro del Interior, César Astudillo, reveló que dos iniciativas clave en seguridad —la regulación del uso de uniformes y la intervención policial en empresas navieras— fueron excluidas del predictamen sobre delegación de facultades legislativas que ahora analiza el Senado.
El titular del Ministerio de Interior precisó que estas propuestas, presentadas por el Ejecutivo, no fueron incorporadas al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y que será evaluado por la Comisión de Constitución del Senado. Entre ellas, destacan la regulación del empleo de uniformes por parte de grupos armados no estatales —que requerirá trámite legislativo ordinario— y la habilitación legal para que la Policía Nacional intervenga en instalaciones de empresas navieras y portuarias como medida contra el tráfico ilícito de mercancías.
Dato clave: La intervención policial en puertos y empresas navieras no está actualmente permitida por la norma vigente, pese a que el ministro la considera “necesaria” para combatir el traslado de mercancías ilícitas.
El funcionario se refirió brevemente al altercado ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, evitando entrar en detalles sobre los comentarios vertidos por algunos parlamentarios y declarando el episodio como “ya pasado”. En cambio, reiteró su enfoque en acciones concretas contra la criminalidad y en la gestión de seguridad pública. Asimismo, confirmó su participación en la ceremonia de ascenso de suboficiales distinguidos por su labor en la lucha contra la delincuencia, evento en el que la presidenta Keiko Fujimori reafirmó su respaldo a su gestión y a la del comandante general de la PNP, Fredy López.
Contexto
La exclusión de estas iniciativas del predictamen genera preocupación en el Ejecutivo, que considera urgente dotar de marco legal a acciones clave en materia de seguridad ciudadana. La regulación del uso de uniformes responde a la necesidad de prevenir la suplantación de autoridades o fuerzas de seguridad, mientras que la intervención policial en el ámbito portuario responde a denuncias sobre el uso de estas instalaciones para el tráfico de drogas y otros ilícitos. La oposición en el Congreso ha cuestionado la rapidez con que se tramita la delegación de facultades, mientras sectores del gobierno piden mayor agilidad para modernizar la legislación en seguridad.
¿Qué sigue?
La Comisión de Constitución del Senado analizará el predictamen en los próximos días, con posibilidad de que se apruebe en los próximos quince días. El Ejecutivo espera que las iniciativas pendientes sean incorporadas en futuras propuestas legislativas. Mientras tanto, Astudillo reforzará operativos en zonas portuarias con los medios actuales de que dispone la PNP, aunque reconoce las limitaciones jurídicas actuales.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.