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English (United Kingdom) El asesinato de la periodista Susy Aponte Polo y los cerca de 300 homicidios en dos meses evidencian la crisis de seguridad que bloquea el progreso social en el Perú.
La violencia criminal se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo regional, según el Índice de Progreso Social Regional 2026, elaborado por Centrum PUCP y publicado por *Gestión*. En 2024 se registraron 2.218 homicidios —el número más alto en años— y, salvo Moquegua, ninguna región alcanza un nivel medio alto de progreso social. El índice evalúa necesidades básicas como seguridad personal, agua y vivienda, y confirma que el crimen —especialmente la minería ilegal— y la corrupción están erosionando el bienestar ciudadano.
Dato clave: En 22 de las 25 regiones, más de la mitad de los proyectos de inversión pública están paralizados o abandonados, según el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS 2026) del IPE.
El deterioro institucional se agrava con la ineficiencia estatal: la planilla pública creció casi un 40% en una década, sin que eso se traduzca en servicios de calidad. La corrupción ha escalado: en 24 regiones, las denuncias por malversación han aumentado desde 2019, y en 12, más del 40% de las contrataciones se realizan con un único postor. Frente a esto, las propuestas de la oposición —como la censura al ministro del Interior— son reactivas y no abordan las causas estructurales. Mientras no se fortalezcan la transparencia y la meritocracia en la función pública, cualquier esfuerzo por mejorar seguridad o educación será insuficiente.
Contexto
Análisis: La percepción de inseguridad alcanzó niveles récord, mientras el Estado carece de una estrategia integral contra el crimen organizado. Paralelamente, la crisis de gobernabilidad se profundiza: los gobiernos regionales y locales, clave en la implementación de políticas, operan con altos niveles de ineficacia y riesgo ético. Esto se suma al desafío inminente del fenómeno de El Niño, que exigirá una respuesta estatal eficaz y sin corrupción.
¿Qué sigue?
La reforma del servicio civil —postergada durante años— debe convertirse en una prioridad transversal, con apoyo de todos los sectores políticos. Sin una gestión pública eficiente, transparente y basada en méritos, el país seguirá atrapado en ciclos de crisis y acusaciones mutuas. El futuro del desarrollo regional depende de romper esta lógica.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.