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English (United Kingdom) El Mininter designó a 22 afiliados de Fuerza Popular como subprefectos y prefectos, pese a que el partido impulsó su eliminación en 2022. Entre ellos, figuran excongresistas y funcionarias bajo investigación fiscal.
En septiembre de 2024, mediante resolución ministerial, el Ministerio del Interior —liderado por el senador fujimorista César Astudillo— nombró a 22 afiliados del partido naranja en cargos de subprefecto provincial y distrital. Entre los nombrados destacan Wilmer Aguilar Montenegro, excongresista (2016-2019) y ahora subprefecto de Cutervo (Cajamarca); Danitza Dodero Jovich, hermana de la diputada Pierangeli Dodero, en Arequipa; y Tamara Pérez Aguilar, designada en Iquitos (Loreto), quien enfrenta una investigación fiscal por presunto peculado y un perjuicio de S/ 2 millones detectado por la Contraloría.
Dato clave: Al menos 22 afiliados de Fuerza Popular han sido designados en cargos de subprefecto y prefecto tras haber impulsado su eliminación en 2022.
La polémica se intensifica al considerar que, en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, Fuerza Popular promovió en el Congreso una iniciativa para suprimir los cargos de prefectos y subprefectos, argumentando su uso proselitista. Hoy, con Keiko Fujimori en la Presidencia, el mismo partido los ha reactivado y utilizado como puestos de nombramiento político. El Mininter aseguró que se cumplió con los requisitos legales, incluyendo declaraciones juradas de no antecedentes, y que los procesos fiscales y de Contraloría no son impedimentos de carácter legal en la etapa de investigación.
Contexto
Analistas cuestionan la continuidad de estas figuras, considerándolas un “botín político” que genera gasto innecesario. El exministro del Interior Carlos Basombrío criticó que partidos en el poder se opongan a su eliminación, pese a haberlo hecho cuando estaban en la oposición. La designación de funcionarias con investigaciones en curso —como Pérez Aguilar— ha generado preocupación por la transparencia en el proceso de selección, especialmente tras la auditoría que detectó pagos a personas fantasmas en la Gerencia Regional de Educación de Loreto.
¿Qué sigue?
La Fiscalía de Loreto avanzará en la investigación contra Pérez Aguilar, mientras la Contraloría podría emitir una resolución final sobre su responsabilidad. Organismos de control y oposición exigen mayor transparencia en los nombramientos y reabrirán el debate parlamentario sobre la supresión de estos cargos, ahora que su utilidad política ha quedado al descubierto.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.