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English (United Kingdom) El IIMP denunció que el ataque en Pataz, que dejó dos muertos y dos heridos el 6 de octubre, es una manifestación de crimen organizado vinculado a la minería ilegal, y exigió al Estado actuar con firmeza para proteger a los trabajadores.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) reaccionó ante el violento hecho ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, provincia de Pataz, región La Libertad, donde dos trabajadores mineros perdieron la vida y otras dos personas resultaron heridas. En un comunicado, la institución expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los heridos y las comunidades afectadas.
Dato clave: La minería ilegal no es un simple delito ambiental, sino una forma de crimen organizado que pone en riesgo vidas humanas y socava el Estado de Derecho.
El gremio subrayó que la violencia asociada a la extracción ilegal de recursos minerales ha escalado en los últimos años, especialmente en zonas como Pataz, donde grupos criminales han intensificado sus acciones para controlar áreas de explotación no autorizada. El IIMP alertó que esta dinámica genera inseguridad en las comunidades, desplaza a trabajadores formales y debilita la gobernabilidad local. Además, recordó que la minería ilegal evita el pago de impuestos, afecta el desarrollo regional y deteriora el medio ambiente sin garantizar condiciones laborales seguras.
Contexto
Análisis: La región La Libertad ha sido escenario de tensiones recurrentes por la presencia de minería artesanal e ilegal, especialmente en zonas de alta actividad aurífera como Pataz. Este ataque se suma a una serie de incidentes similares en el país, como los ocurridos en Cutervo o Huaral, lo que evidencia una tendencia preocupante. Expertos señalan que la impunidad y la debilidad institucional en el control territorial facilitan la consolidación de redes criminales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también ha expresado su preocupación, mientras organizaciones sociales exigen soluciones integrales que incluyan formalización, desarrollo alternativo y presencia estatal efectiva.
¿Qué sigue?
El IIMP instó a las autoridades nacionales y regionales a coordinar acciones inmediatas para desmantelar las redes criminales, reforzar la vigilancia en zonas de riesgo y agilizar procesos de formalización minera. Se espera que el Ministerio de Energía y Minas y la Fiscalía especializada en delitos mineros presenten un plan de respuesta urgente. A largo plazo, el gremio insiste en la necesidad de políticas públicas integrales que combinen seguridad, formalización y desarrollo sostenible para evitar que la minería ilegal siga siendo un motor de violencia y desigualdad.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.