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English (United Kingdom) El presidente Nayib Bukele aclaró que solo unos 5.000 presos —de los 10.600 evaluados como posibles colaboradores pasivos de pandillas— podrían acceder a liberación anticipada, no a la mitad de los 96.457 reos detenidos desde 2022.
Tras generar confusión con su primer anuncio, Bukele precisó el viernes —tres días después— que su gobierno evalúa individualmente los casos de 10.600 presuntos colaboradores de estructuras criminales, de los cuales aproximadamente la mitad (unos 5.000) podría acogerse a un programa de libertad anticipada, siempre que no desempeñen roles de liderazgo o violencia directa. El mandatario rechazó que se liberaría a 46.000 personas y exigió correcciones a medios que difundieron esa cifra.
Dato clave: De los 96.457 presos vinculados a pandillas detenidos desde 2022 bajo el estado de excepción, solo 10.600 están en evaluación para posible liberación anticipada, y de ellos, cerca de 5.000 podrían salir si cumplen criterios de colaboración no coercitiva.
El anuncio se enmarca en el régimen de excepción vigente desde mayo de 2022, que amplió las facultades del Ejecutivo en materia judicial. Bukele distinguió entre quienes ejercen violencia directa —como postes, cheques o gatilleros— y quienes colaboraron bajo coacción, destacando que la responsabilidad debe evaluarse caso por caso, con penas que pueden llegar a 20 años o incluso beneficios de libertad anticipada. Reconoció que, en un contexto de control pandilleril, la colaboración no era inusual y advirtió que arrestar a todos los colaboradores implicaría encarcelar al 20 % de la población salvadoreña.
Contexto
Analistas señalan que esta iniciativa refleja la creciente concentración de poder en el Ejecutivo salvadoreño, tras la destitución en mayo de 2021 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por una mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Expertos cuestionan que el presidente, y no los órganos judiciales, sea quien anuncie públicamente medidas de liberación, lo que socava el principio de separación de poderes. En una democracia,这类 decisiones deben ser tomadas por tribunales e instituciones autónomas, no por declaraciones presidenciales.
¿Qué sigue?
El gobierno aún no ha detallado los criterios técnicos ni los plazos para la evaluación individualizada de los casos. Se espera que la Fiscalía y los tribunales participen en el proceso, aunque su autonomía sigue siendo objeto de debate. La iniciativa pondrá a prueba la capacidad del Estado para equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales en un contexto de fuerte control ejecutivo.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.