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Derribo de avionetas 1996 MiamiZona del ataqueCuba12 feb. 1996 • 20+ millas de la costa

Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, que dejó cuatro muertos, tras reabrir la investigación tras tres décadas.

La Fiscalía General de Florida, liderada por James Uthmeier, obtuvo una orden estatal de arresto contra el expresidente cubano por conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el ataque del 12 de febrero de 1996, en el que aviones caza MiG cubanos derribaron dos aeronaves civiles desarmadas sobre el Mar de Yucatán, causando la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Dato clave: La orden fue emitida tras reabrirse la investigación en marzo de 2024, tres décadas después del incidente, y se suma a una acusación federal de mayo de 2023 por asesinato y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses.

Según la fiscalía, Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, autorizó el ataque tras recibir inteligencia de espías cubanos en Florida que facilitaron la localización de las aeronaves, que operaban a más de 20 millas de la costa cubana. Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, realizaba misiones humanitarias para auxiliar a migrantes cubanos en el mar. El caso adquiere relevancia en un contexto de renovada tensión entre Washington y La Habana, con nuevas sanciones impuestas por la administración Trump.

Contexto

Análisis: La reactivación del caso refleja la voluntad de Florida de mantener presión judicial sobre figuras del régimen cubano, incluso años después de los hechos. La investigación federal y estatal se enmarca en una estrategia más amplia de sanciones y aislamiento diplomático hacia Cuba, país que atraviesa una profunda crisis económica y migratoria. Las familias de las víctimas han mantenido una fuerte movilización por justicia, y esta orden representa un avance simbólico tras décadas de estancamiento legal.

¿Qué sigue?

La orden de arresto es un paso procesal que, si bien no garantiza la extradición —dado que Cuba no tiene tratado de extradición con EE.UU.—, deja constancia legal de las acusaciones contra Castro. Las autoridades estadounidenses podrían buscar su inclusión en listas de sanciones internacionales o presionar por medidas diplomáticas adicionales. El caso también podría reavivar el debate sobre la política estadounidense hacia Cuba en el contexto electoral de 2024.


📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.